Miguel Herrero advierte que parte de UCD puede "cambiar de marca"

El presidente del Grupo Parlamentario Centrista en el Congreso de los Diputados. Miguel Herrero contempla la posibilidad de que parte de Unión de Centro Democrático (UCD) opte por cambiar de marca política si en el partido gubernamental no se producen los necesarios liderazgos ni el engarce con su electorado, según manifestó a primera hora de ayer durante el coloquio que siguió a una cena con informadores políticos en el restaurante Calycanto. Aseguró también que el tema del divorcio estaba pactado con la Iglesia antes de la llegada al Ministerio de Justicia de Francisco Fernández Ordóñez.Herrero se identificó con una posición política de centro-derecha a su vez identificada con la actitud de Leopoldo Calvo Sotelo. «UCD en estos momentos pasa por Leopoldo Calvo Sotelo. UCD más Leopoldo Calvo Sotelo, es más que UCD sin Calvo Sotelo e incluso, más que UCD con Adolfo Suárez», declaró. Insistió en que concibe una UCD sin Suárez, así como que estima que el ex presidente del Gobierno puede sentirse tentado por un proyecto de acción política populista, «con excipientes socialdemócratas y movimientistas». Rechazó que tal actitud cuente con apoyo financiero de importancia y aseguró que, tanto Suárez como Rafael Arias-Salgado, son sinceros cuando dicen que juegan a UCD y que quieren contribuir a su unidad. «Todas las corrientes de UCD quieren contribuir a la unidad del partido», dijo. «Lo que ocurre es que unas la conciben apoderándose de todo el partido y otras entendiéndose con las demás». Para Miguel Herrero, la posición centrista más lejana a los planteamientos originarios de UCD es la socialdemócrata, «que parece coincidir con los planteamientos populistas que puede patrocinar Suárez». El juicio político sobre el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, fue el de que es un personaje «deseoso de salir en la Prensa».

Miguel Herrero afirmó que dentro de UCD existe acuerdo sobre una ley de Divorcio y que el único problema es cómo debe ser definitivamente esa ley partiendo de la opinión mayoritaria de que «los efectos civiles del matrimonio, civil o canónico son disolubles por un juez civil». Manifestó que en este tema «todo es legítimo menos convertirlo en el gran problema nacional utilizado como plataforma política personal». Rechazó la acusación de haber intrigado dentro del grupo a no ser para lograr una solución satisfactoria para todos. Estimó inadmisible que una parte de UCD haya chantajeado al resto «vendiendo u ofertando de manera inhábil un planteamiento político que poco tiene que ver con el divorcio».

El portavoz del grupo centrista lamentó que un tema «que estaba ultrapacificado y pactado con la jerarquía eclesiástica letra a letra» haya resultado alterado por unas ambiciones políticas ajenas a la propia regulación de la disolución del matrimonio. Criticó también la falta de «estudios logísticos adecuados para encauzar las 600.000 demandas de divorcio que pueden producirse en el primer año de vigencia de la ley y que pueden colapsar la administración de Justicia».

Menos grupos parlamentarios

En relación con el proyecto de nuevo reglamento del Congreso, Herrero anunció que es muy probable la desaparición del grupo andalucista y de los grupos regionales vinculados a partidos de ámbito estatal. La posición de UCD en este punto es que el mínimo de diputados para formar grupo sea de quince o cinco en el caso de haber obtenido en las elecciones el 15% de los votos en las circunscripciones de la región, o el 5% a nivel nacional.Adelantó también que el nuevo reglamento puede propiciar que los debates legislativos acaben en las comisiones, delando para los plenos los debates políticos de actualidad y las grandes líneas maestras de los proyectos de ley.

Sobre la próxima ley de incompatibilidades, Herrero destacó que el proyecto inicial del Gobierno habría afectado gravemente a la economía de unos 500.000 profesionales, entre ellos el personal de la sanidad rural y numerosos militares. Reveló que, a pesar de la demagogia que se hace sobre este tema existen numerosas plazas sin cubrir de letrados del Consejo de Estado y de las Cortes.