El Pleno del Congreso aprobó el concierto económico con el País Vasco

El Congreso de los Diputados aprobó ayer al filo de las diez de la noche el concierto económico del Estado con el País Vasco. El escrutinio de la votación arrojó el siguiente resultado: 231 votos afirmativos, seis negativos, quince abstenciones y un voto nulo. A lo largo del debate, todos los grupos parlamentarios resaltaron la trascendencia de esta ley para la autonomía vasca, al tiempo que portavoces de la izquierda mostraron algunos reparos a la forma en que se había establecido la aportación económica de Euskadi a los gastos generales del Estado para el presente año.

El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, defendió la ley manifestando que «cierra un contencioso histórico, poniendo fin al último de los grandes temas pendientes en el País Vasco en el terreno político». Destacó que la aprobación del concierto no significará un intento de proyectar sobre la actual realidad española la sombra de una institución arcaica y desfasada, sino que supone la revitalización de una institución de enorme profundidad histórica, que, por otra parte, se ha mantenido vigente desde sus comienzos hasta nuestros días, «pues la supresión para Vizcaya y Guipúzcoa por decreto de 1937 no eliminó la institución, que quedó vigente para Alava y fue un claro hecho de guerra. Por ello, su restablecimiento es el último acto de concordia entre los españoles».Insistió el titular de Hacienda en que el concierto no es una vía de financiación privilegiada por cuanto su régimen jurídico está limitado y condicionado por los principios constitucionales tendentes a garantizar la solidaridad entre las distintas comunidades que integran el Estado. En una descripción pormenorizada del texto que se sometía a votación justificó la duración del concierto hasta el año 2001. «Esta cifra», subrayó, «no es caprichosa, es sencillamente el año en que terminaría el vigente concierto con Alava, que queda subsumido en el que se comenta, sin que esta modificación pueda implicar detrimento alguno para Alava». Justificó la forma en que se habla establecido el cupo que estipula la asignación económica de la comunidad vasca al Estado para el presente año; sin embargo puntualizó que este método es susceptible de mayor perfeccionamiento en la elaboración del proyecto de ley de cupo, que será remitido en breve a la Cámara.

García Añoveros cerró su intervención poniendo énfasis en advertir que el sistema de conciertos «suscita notables recelos, en parte justificados por una experiencia histórica no siempre positiva. Puedo afirmar que el concierto que se presenta a aprobación permite obtener unos resultados equitativos y solidarios en la distribución de la carga fiscal entre todos los españoles».

Tras la defensa del proyecto, y después de que el presidente de la Cámara anunciase que no podría ser defendida una enmienda a la totalidad del centrista Enrique Monsonís, presidente del Consejo del País Valenciano, por no contar con el respaldo suficiente de su grupo parlamentario, subió al escaño de oradores el diputado andalucista Miguel Angel Arredonda. En nombre del PSA, defendió una enmienda a la totalidad, dirigida fundamentalmente a la forma en que la ley aborda la periodicidad y actualización del cupo. El portavoz andalucista insistió en que su grupo era respetuoso con la autonomía vasca y con la de todos los pueblos de España y puntualizó que su enmienda era de concreción y pretende evitar que los conciertos sean una vía privilegiada.

Carlos Solchaga, en nombre del Grupo Socialista Vasco, manifestó su satisfacción por la importancia que supondrá para la comunidad vasca el volver a contar con los conciertos económicos. «El desarrollo autonómico es la única salida al problema de Euskadi». Al analizar el proyecto apreció que resuelve el problema de los privilegios, pero no soluciona el problema de la desarmonización fiscal, porque, a su juicio, concede una, autonomía normativa excesiva.

En nombre del PNV, Josu Elorriaga aseguró que los conciertos suponen una consolidación del Estado de las autonomías y podrán permitir que la autonomía del País Vasco sea auténtica. Resaltó también la enorme incidencia que tendrá en la conciencia popular de Euskadi la recuperación de estas normas. En la misma línea favorable a los conciertos se pronunciarían también Carlos Gasoliba, en nombre de la Minoría Catalana, Juan María Bandrés. miembro del Grupo Mixto y diputado de Euskadiko Ezkerra, y Fernando Pérez Royo. que habló en representación del Grupo Parlamentario Comunista. A su vez, Antonio Carro informó que en Coalición Democrática existían valoraciones divergentes sobre el proyecto.

El turno de intervenciones fue cerrado por el socialista Enrique Barón y el centrista Julen Guimón. El parlamentario del PSOE, en una pormenorizada disertación, planteó varias dudas sobre el procedimiento que se había seguido para la tramitación de la ley y, en particular, sobre la cifra del cupo que se establece para el año 1981. El dirigente de la UCD vasca Julen Guimón, reiteró que el proyecto de concierto deja a salvo el principio de solidaridad entre todos los españoles y supone un avance considerable en la consolidación del Estado de las autonomías.

A la hora de producirse la votación estaban ausentes del hemiciclo casi un centenar de diputados, gran parte de ellos miembros de UCD, que habían manifestado su disconformidad con el contenido de la ley por estimar que encierra privilegios para el País Vasco.

Rosón niega conexiones entre las FOP y la extrema derecha

El ministro del Interior, Juan José Rosón, dijo ayer en el Pleno del Congreso, en el punto del orden del día relativo a interpelaciones y preguntas, que no hay caso probado alguno de participación de miembros de las Fuerzas de Orden Público en las acciones criminales de la extrema derecha, y afirmó que si el Gobierno lo supiera, no lo aceptaría. Rosón respondió a Gabriel Urralburu, representante de los socialistas vascos, y a Joseba Azcárraga, del Partido Nacionalista Vasco (PNV).Urralburu pidió al ministro del Interior que aclarara las acciones contra actuaciones de bandas armadas de extrema derecha en el País Vasco y si las acciones contra estos grupos eran tan eficaces como las llevadas acabo contra grupos de otro signo.

Juan José Rosón afirmó que el 55% de casos de asesinatos atribuibles a la extrema derecha han sido resueltos, en parte, por la clara colaboración de los ciudadanos del País Vasco en estos casos, y dijo que para el Gobierno toda problemática de terrorismo de extrema derecha es grave, y que, si no somos capaces de cortar estos golpes y contragolpes, no se podrá lograr la pacificación en el País Vasco.

El ministro se refirió a diversos atentados, cuya autoría fue, en un principio, asumida por grupos de extrema derecha y Fuerza Nueva, y dijo que después se había demostrado que hablan sido cometidos por el GRAPO y grupos anarquistas.

Sobre las posibles conexiones del Batallón Vasco Español con otras organizaciones de extrema derecha, corno la Triple A, Rosón dijo que hoy, pese a las detenciones, no se puede establecer una relación permanente, aunque la hipótesis policial es que esa relación tiene que existir.

En cuanto al balance policial relativo a acciones de la extrema derecha, el ministro del Interior explicó que en 1977 les fueron atribuidas 135 acciones, de las que quedaron esclarecidas catorce, sobre las que se hicieron 137 detenciones. En 1978, de 288 acciones atribuidas se esclarecieron veintiséis y hubo veintiocho detenidos. En 1979 se registraron 75 acciones, de las que se esclarecieron 41 y en las que hubo 229 detenciones. En 1980, de 66 acciones se esclarecieron 54 y hubo 219 detenciones.

En lo que va de año, doce acciones se atribuyeron a la extrema derecha. Fueron esclarecidas cuatro y se produjeron 83 detenciones.

Joseba Azcárraga indicó que a él no le cuadraban las cifras, porque en seis años se han producido en Euskadi 44 muertes por la extrema derecha, de las que sólo ocho han sido aclaradas. Aseguró que en Andoaín (Guipúzcoa) se produjo, en su día, una denuncia contra una persona que después fue detenida como presunta autora de asesinatos a cargo del Batallón Vasco Español, y dijo que si se la hubiera detenido antes se hubieran evitado estos asesinatos.

Rosón negó que se hubiera producido negligencia en el caso de Andoaín, y dijo que si a Joseba Azcárraga no le cuadraban las cifras era porque él se había referido a toda España, y no exclusivamente al País Vasco.

Aclaración

Con referencia a la nota publicada ayer en la que se anunciaba la posible dimisión de Jorge de Esteban como subdirector general del Centro de Estudios Constitutionales, el interesado nos ruega aclarar que, al margen de esta posible dimisión, existe un cierto malentendido sobre la iniciativa de la creación del comité de expertos en los asuntos autónomos. En efecto, la iniciativa del mismo fue anterior y casi simultánea a la sugerencia que en el mismo sentido formuló el Centro de Estudios Constitucionales.