Fernández Ordóñez antepone la Constitución a los acuerdos jurídicos con la Santa Sede

A las 21.30 horas de ayer estalló públicamente en el Pleno del Congreso la polémica llevada dentro de UCD como un secreto a voces. Tras dos horas de debate sobre los artículos 59 y 60 del proyecto de ley de Divorcio, referidos a los efectos civiles del matrimonio canónico, se produjo una rotunda y clara explicación del ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, poniendo la Constitución por encima de los acuerdos jurídicos con la Santa Sede.

También tomó la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Centrista, Miguel Herrero, para explicar que el Senado podría «profundizar en la reelaboración del artículo 60, para garantizar la salvaguardia de los convenios internacionales (acuerdos con el Vaticano) y el principio de no discriminación del ciudadano ante la ley» (recogido en la Constitución), es decir, «dar la vuelta a la ley», en palabras del socialista Virgilio Zapatero.Aunque se conocía desde primera hora de la tarde la intención de Miguel Herrero de exponer los criterios del denominado sector confesional de UCD ante el Pleno, su intervención causó cierto asombro y fue seguida en un silencio absoluto, que sólo se había dado minutos antes, cuando habló el ministro de Justicia. Herrero se presentó diciendo: «Vengo a un tema que me es tan lejano como éste, no para traer la erudición del ponente (se refería a Escartín) y los criterios del Gobierno, tan dignamente representado aquí, sino la voz y el criterio de mi grupo», en relación «con las directrices dadas por los órganos competentes de mi partido».

«Es claro», siguió Miguel Herrero, mientras el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, se levantaba a hablar con el de la Presidencia, «que el artículo 60, al que se reduce mi explicación de voto, tiene una máxima complejidad y complicación, porque en él se plantean dos temas fundamentales: las relaciones interordinamentales en referencia a las normas» (el artículo 60 habla de normas de derecho canónico o cualquiera de las formas religiosas al concederles efectos civiles), impuesto por los ,acuerdos con la Santa Sede, «y el problema de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y el principio de no discriminación por motivos religiosos, impuesto por el no menos escrupuloso respeto a la Constitución».

El portavoz del grupo centrista afirmó que no iba a caer «en las posiciones ultraconservadoras» de quienes priman el derecho interno sobre el internacional, porque él opinaba lo contrario y porque «los acuerdos con la Santa Sede ya son ordenamiento interno y no deben oponerse a la Constitución». Tras afirmar que «consideramos que ambos principios están suficientemente salvaguardados» en la redacción del proyecto, añadió que ambos-criterios estaban «suficiente, aunque no exhaustivamente tratados», por lo que «no excluimos» que el Senado profundice en su redacción y reelaboración».

El socialista Virgilio Zapatero afirmó que su grupo observaba con disgusto «las posibles discrepancias entre el Gobierno y el partido que lo sustenta» y dijo que si la Cámara alta daba la vuelta a «muchas cosas de las que vamos a sadar» en el proyecto, los socíalistas no lo aceptarían «bajo ningún concepto» y se aumentarían las distancias, ya bastante amplias, que les separan del texto.

«Observamos con cierta preocupación», añadió Zapatero, «que el portavoz de UCD ha establecido la doctrina de la doble fidelidad o la doble obediencia, y queremos decir que respetamos los acuerdos, pero que su interpretación sólo puede hacerse de acuerdo con la Constitución, que, para nosotros, está por encima de todo y por encima de todos». La intervención de Virgilio Zapatero fue cerrada con los aplausos de los bancos de la izquierda. Miguel Herrero quiso volver a tomar la palabra, pero el presidente de la Cámara, Landelino Lavilla; no se lo permitió.

La intervención del ministro de Justicia, Fernández Ordóñez, que duró escasamente cuatro minutos, acaparó el interés de una Cámara que llevaba más de una hora y media escuchando preguntas y respuestas, a veces tecnicismos, sobre la necesidad de que el matrimonio canónico siga teniendo pleno reconocimíent,o en el derecho civil (De la Vallina, Coalición Democrática), la conveniencia de suprimir la referencia al Derecho canónico del proyecto de ley (Zapatero, socialista) o Ia extensa respuesta del centrista Escartín a unos y otros defendiendo el texto de la Comisión.

Fernández Ordóñez contestó a Virgilio Zapatero, quien planteó qué razones positivas hay para que el proyecto de ley reconozca a la Iglesia católica sus normas en materia de matrimonio y a las demás ponfesiones religiosas sólo sus formas, y apuntó los peligros de las dobles interpretaciones que podrían hacerse «en una sociedad como la nuestra»; donde la burguesía, a la que ustedes deberían representar, no ha secularizado la sociedad, opta por medias tintas y llega a una solución que no es, perdonen la expresión, ni chicha ni limoná».

«Como ministro del Gobierno», dijo Fernández Ordóñez, «doy la interpretación de que cuando el texto habla de las normas de Derecho canónico se refiere a las normas que regulan las formas de matrimonio, y que las formas son los distintos modos de celebrar el matrimonio. Hay, pues, un único matrimonio, que se celebra de acuerdo con distintas formas; luego en el proyecto de ley no se recibe todo el Derecho caónico ni, por supuesto, la indisolubilidad. En caso de alguna duda de interpretación, los acuerdos con la Santa Sede deberán ajustarse al derecho del Estado».

Dos posiciones

La intervención del ministro -realizada a petición de los socialistas- pretendió zanjar las diatribas de dos horas de un debate que tendía a enfrentar dos posiciones: la de Coalición Democrática y, en su misma línea, el sector democristiano de UCD, partidario del mantenimiento de lo que Juan Luis de la Vallina llamó «sistema de matrimonio facultativo pleno entre un matrimonio civil y otro religioso, el civil con posibilidades de disolución, y el canónico, indisoluble», y la suscitada por otras familias centristas, minorias parlamentarias, y como principio, por la izquierda, de un matrimonio civil único y disoluble, que puede contraerse de forma religiosa y ser inscrito en el Registro si se atiende a lo dispuesto en la legislación del Estado.Dentro de esta tesis, los socialistas pidieron la supresión de toda referencia al Derecho canónico, «porque la Constitución ve una sola clase de matrimonio con pluralidad de formas, y el artículo 60 del proyecto podría llevar a interpretaciones peligrosísimas».

Debate en distintos escenarios

Las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios se produjeron, durante la mayor parte de la tarde, en medio de un gran vacío en los escaños centristas y algunos claros en las áreas socialistas. Mientras los oradores hacían uso de la palabra para defender unas enmiendas, generalmente ya explicadas de forma suficiente cuando el proyecto estaba en la Comisión, muchos de los presentes observaban los innumerables apartes del ministro de Justicia con Virgilio Zapatero o con sus compañeros socialdemócratas Javier Moscoso o García Díez; el intercambio profuso de papeles entre Fernández Ordóñez y Miguel Herrero; las conversaciones de éste con el también diputado crítico José María Martín Oviedo; los múltiples paseos de los socialdemócratas entre sí, de María Dolores Pelayo hacia la liberal Soledad Becerril, sentada en la mesa de la presidencia, o los recados Herrero-Ordóñez, Meilán-Herrero, Herrero-Ordóñez, de nuevo Ordóñez-Attard, en un rosario interminable de charlas y visitas que dieron mayor animación al hemiciclo que la que pudo producirse desde la tribuna de oradores.Tan sólo pusieron alguna nota de humor intervenciones como la del comunista Solé Barberá, al pedir la supresión del matrimonio secreto contemplado en el proyecto, al que calificó como «el matrimonio contraído entre el señorito y la criada a escondidas de su señora mamá», defendido por el centrista Escartín aludiendo «al derecho de las parejas no matrimoniales a acceder a la situación matrimonial sin proclamas ni actos públicos, sin tocar las campanas de forma discreta».

El Pleno del Congreso de ayer aprobó diez artículos del proyecto, correspondientes a la celebración del matrimonio ante el juez o funcionario que haga sus veces y a la celebración del matrimonio en forma religiosa. La Cámara abordará hoy el capítulo correspondiente a la inscripción del matrimonio en el Registro Civil y los derechos y deberes de los cónyuges.