Los médicos del Francisco Franco

Sólo el excesivo culto a la personalidad del médico en épocas anteriores, marcadas por un más bajo nivel cultural, puede explicar el increíble acopio de poder político, social y económico de una buena parte de la clase médica española y razonar los motivos ocultos de la crisis de la Ciudad Sanitaria Provincial, llamada durante largas décadas Ciudad Sanitaria Francisco Franco.Cuesta crer que el contrato directo -por un año improrrogable- de un anestesista de los más reputados del país, con un expediente repleto de matrículas de honor además, haya podido ser el detonante de un conflicto que amenaza con extenderse a todo el país. Máxime cuando en las mismas fechas la diputada provincial responsable del hospital firmaba otros cinco contratos similares de los que no se ha hablado para nada, y máxime aún, cuando el médico anestesista en cuestión dimitió hace días para favorecer una salida al conflicto y la plaza ya ha sido sacada a concurso.

Esto no es motivo suficiente para plantear una huelga en el hospital más grande de Europa, con un presupuesto de 10.400 millones de pesetas, un monstruo de 4.250 camas y más de 5.000 trabajadores, de ellos ochocientos médicos; huelga aún pendiente de fechas, aunque ya aprobada en asamblea por abrumadora mayoría. Como tampoco son motivos las otras dos condiciones no negociables impuestas por una gran parte del colectivo médico del hospital: la dimisión del director del centro, responsable del mismo por boicotear, en opinión de los médicos, una asamblea de éstos, y la anulación de tres expedientes a otros tantos doctores, dos de los cuales fueron sancionados por proferir en público graves insultos contra dirigentes socialistas de la Diputación y del Ayuntamiento de Madrid.

Los médicos plantean también, y en eso llevan su punto de razón, el deterioro del nivel asistencial del centro hospitalario (nivel 7,3, el más alto de todos los hospitales españoles) en los últimos tiempos como consecuencia del convenio con la Seguridad Social, que convierte al hospital, en una buena parte, en un centro médico de urgencias. Pero un tema de planificación y gestión hospitalaria tampoco puede ventilarse con una huelga planteada desde posiciones tan drásticas e inflexibles como las adoptadas por un gran número de médicos de la Ciudad Sanitaria.

Y menos lógica aún es la confluencia de todas las iras contra el actual director, doctor José Luis Barros, que apenas lleva en el cargo cinco semanas y a quien en un escrito oficial, los principales cuadros médicos del hospital acusan de ese deterioro, con la particularidad, ciertamente curiosa, de que entre los firmantes se encuentran el último director del centro y los miembros de su propio equipo. Para los médicos, y son palabras de varios de ellos dichas en la asamblea del pasado jueves, el doctor Barros ha causado las anomalías suficientes como para ser responsable del caos que reina en la Ciudad Sanitaria. Y estas anomalías, añado yo, no son otras que las siguientes: organizar de forma responsable y razonable el servicio de urgencias, aun a costa de las camas de la clínica privada; prohibir el uso de esta clínica en horas de trabajo; denunciar que en horas de guardia muchos de los médicos no estaban presentes en sus puestos; prohibir el consumo de alcohol y la entrada en los quirófanos en ropa de calle; restringir las salidas de los trabajadores, incluidos los médicos, en horas de trabajo, y aceptar la intervención de los órganos gestores de la Diputación en las cuentas del hospital, principalmente en la clínica privada del mismo, además de un reconocido talante liberal, de mostrado en otras épocas menos propicias para el liberalismo,

Es evidente que al anterior presidente de la Diputación, Carlos Revilla, le costó el cargo el caos de la Ciudad Sanitaria, y casi más evidente aún es que el nuevo mandatario de la Corporación provincial, el también socialista José María Rodríguez Colorado, quiera dar muestras rápidas y ta jantes de intolerancia frente a los todavía no demostrados casos de probable corrupción y de evasión fiscal por parte de algunos miembros del estamento médico, especialmente en lo que a la clínica privada se refiere. Ahí está la primera de las importantes de cisiones que el equipo de gobier no de la Diputación ha decidido tomar: recuperar el absoluto control de la gestión del ejercicio privado de la medicina en la Ciudad Sanitaria (véase EL PAÍS de ayer) en lo que a facturación se refiere, hasta aliora llevada directamente por los propios médicos, los cuales daban cuenta periódicamente de sus ingresos y devengaban una pequeña parte de los mismos a la Corporación.

Una opción de izquierdas

En sanidad, como en transporte, en educación o en urbanismo, caben todas las opciones políticas posibles, y la del equipo de gobierno de la Diputación (PSOE-PCE) es la de la transparencia en la gestión económica, aunque ello implique un fuerte enfrentamiento con la mayoría del estamento médico, lo que, a la postre, lleva a una incompatibilidad total entre ambos y es el verdadero fondo oculto del conflicto.

El cuerpo médico tiene un fuerte espíritu de clase, más que demostrado en estas ya casi dos semanas de conflicto, por más que los doctores en cuestión se. hayan adelantado a afirmar que «esta no es una crisis gremialista». Lo anterior también lo demuestra el plante que están llevando a cabo los médicos de la Beneficencia del Ayuntamiento de Madrid, que se niegan a cumplir una jornada laboral de seis horas diarias y pretenden seguir disfrutando la prebenda de una guardia semanil de veinticuatro horas.

Lo que está en juego es la probable pérdida de ese importante poder político, económico y social acumulado por los médicos dirigentes de Ia sanidad provincial y local por la permisividad de las corporaciones de los últimos cuarenta años. No vale disfrazar el conflicto y reducirlo al plante de los médico, por la contratación sin concurso-oposición de un médico anestesista -lo cual está contemplado en la ley y ha sido práctica habitual en los últimos tiempos; baste decir que el (10% de los médicos de la Ciudad Sanitaria tiene el status de contratado-; ni es lícito hablar cle prácticas antidemocráticas por parte del director del centro y de la diputada Maria Gómez lvlendoza, al intentar boicotear, en opinión de los médicos, una asamblea de éstos, programándola el mismo día que otra asamblea general de trabajadores; ni es coherente echar el resto en apoyo de unos compañeros expedientados por insultar a los directivos de las corporaciones locales.

Laten en el conflicto dos cuestiones, y hay que tener la gallardía de reconocerlo, aun por parte de los médicos: eI uso de la clínica privada de la ciudad Sanitaria Provincial, dotada con los medios más avanzados, por parte de los médicos -una clínica privada que en 1980 perdió casi 150 millones, que salen del peculio particular de los madrileños- y la ley de Incompatibilidades.

Este es, y no otro, el santo y seña oculto de la crisis incompatibilidades, especialniente en la cúspide de la sanidad madrileña. Asustaría la lectura de las nómiinas que cobran algunos médicos con varios cargos simultáneos, comenzando por el propio pres:idente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, doctor Javier Matos, que es al mismo tiempo director del Hospital Infantil de la Ciudad Sanitaria Provincial, médico de la Beneficeilcia municipal y médico de la Seguridad Social; o del propio doctor Barrios, decano de la Beneficencia municipal y miembro del Consejo de Administración del Hospital Provincial, hasta hace unos días, en que presentó su dimisión, además de médico del mismo.

Por ello, la huelga de médicos de la Ciudad Sanitaria, caso de hacerla efectiva, quedaría descalificada en sí misma especialmente cuando lo que se puede poner en juego es la vida y la salud de los enfermos. Otra cosa distinta, y aun opinable, es si los médicos centrasen sus reivindicaciones exclusivamente en torno a la próxima subida salarial.