Frenazo a la reforma administrativa

El primer convenio colectivo del Ayuntamiento madrileño, sobre el que pesa la suspensión cautelar de la Dirección General de Administración Local, podría suponer el retraso, cuando no la paralización, a la reforma administrativa emprendida en el Ayuntamiento madrileño.La aplicación del contenido del conflictivo convenio significa, entre otras cosas, algo tan elemental como la unificación y control del horario de trabajo de 17.000 funcionarios y la obligatoriedad forzosa, por incompatible, de que gran parte del 80% que practica el pluriempleo se conformara con un solo trabajo equiparado económicamente a la empresa privada.

Las razones aducidas por el director general de Administración Local, Javier Soto, respecto a que «las cuestiones relativas a los funcionarios locales tienen una regulación legal y estatutaria que no es posible alterar a través de un convenio colectivo» resultan especialmente sorprendentes cuando el mismo organismo no tuvo nada que objetar a las elecciones sindicales municipales celebradas el pasado año, ya que semejante acto no tendría sentido si no fuera para redactar un convenio como el ahora suspendido.