Los refugiados en España sufren el desempleo y no afectan al índice de paro

ACNUR, CEAR y el departamento de refugiados de la Cruz Roja Española han implementado, como respuesta parcial al problema del paro, proyectos de asentamiento para refugiados: un sistema de entrega de fondos para la instalación de pequeñas empresas o negocios, generalmente de tipo familiar.Pero la clave de la cuestión de los refugiados no está en el paro, sino en principios humanitarios, como decía recientemente Serafín Alíaga, de Comisiones Obreras. A lo largo de este siglo, el derecho internacional ha recogido unajurisprudencia basada en la dramática realidad de dos guerras mundiales, las luchas antlimperialistas en el Tercer Mundo y las persecuciones dictatoriales para reglamentar y obligar moralmente a la comunidad mundial que asuma la cuestión de los refugiados. «Si lo inscribimos en el cuadro mundial de doce millones de refugiados», dice Guy Prim, representante del ACNUR en España, «el problema es mínimo».

La mayor parte de los que hay en España son latinoamericanos: argentinos, uruguayos, chilenos y centroamericanos. Un caso especial son los cubanos: alrededor de 4.000 han llegado a España en los últimos meses. La mayoría pretende ir a Estados Unidos, pero Washington ha erigido una serie de barreras restrictivas para su ingreso. La respuesta del Gobierno español ha sido que desde octubre pasado todo cubano que quiera venir a España debe tener el aval económico de un ciudadano de este país y gestionar el visado en el consulado español en Cuba. Además ya no se los reconoce como refugiado en tránsito. De esta forma, varios centenares de cubanos han quedado desprotegidos de toda asistencia: .sin poder volver, ni irse, ni estar. «Nos instaron a irnos, nos prometían el paraíso», nos dice una mujer de La Habana, «y ahora no nos dejan entrar en Estados Unidos». Y se queja de un exilio que iba a ser dorado y resultó una trampa.

También hay africanos de diversos países -por ejemplo, Zaire, Angola y Marruecos-, pero en número muy reducido. El Gobierno español se niega a reconocerlos como refugiados, y es conflictiva la situación con cerca de 6.000 ecuatoguineanos que han visto cambiar su estado jurídico en España varias veces desde 1968: primero eran ciudadanos españoles y luego fueron, sucesivamente, apátridas, españoles naturalizados y refugiados. Asimismo existen casos individuales de palestinos, iraníes y europeos del Este que piden el reconocimiento de refugiados. Se prevé que en los próximos tiempos la afluencia de africanos pueda crecer, dado que Bélgica y Francia han adoptado medidas muy restrictivas para otorgar el asilo.

De Tailandia a Avila

Si adaptarse a la nueva sociedad es complicado para los latinoamericanos, que cuentan con lazos culturales muy similares, la situación se agrava para las mil personas provenientes del sureste asiático que acogió el Gobierno español ante las llamadas de urgencia realizadas por el ACNUR para salvar las vidas de los llamados boat-people. «ACNUR, pidió sólo mil plazas», nos dice Guy Prim, «al Gobierno porque sabemos el esfuerzo que ya hace España al integrar a la comunidad latinoamericana y ecuatoguineana. Pero es una contribución más que simbólica».

Repartidos en trece provincias españolas, su suerte ha quedado, por regla general, en mano de las diputaciones y, más en concreto, de la mayor o menor dedicación de los trabajadores sociales y técnicos de departamentos de la Administración estatal; por ejemplo, la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo. Pero, hasta ahora, la adaptación y asentamiento de los indochinos -laosianos y vietnamitas- ha sido problemática. Desde el clima hasta las claves culturales, todo es diferente. Es difícil conciliar su nivel de cualificación laboral, generalmente bajo, con posibilidades laborales, asistencia y atención. El idioma es una traba fundamental, y también las diferencias étnicas entre ellos.

Durante una visita a dos familias laosianas que viven en una casa cedida por la Diputación de Avila, la asistenta social, María Dolores Ruiz Ayúcar, nos dice que en un principio los adultos se negaban a aprender el idioma. Tuvieron muchos problemas con la comida -dado que su régimen alimenticio es absolutamente diferente- y el frío afectó duramente a los niños. Y ha habido problemas de otra envergadura: cuando la Diputación consiguió dos puestos de trabajo para los hombres cabeza de familia, varios trabajadores de la zona protestaron considerándolo una injusticia. Igualmente, el haber conseguido plazas para los niños laosianos en una guardería destinadas a madres abulenses que trabajan, no dejó de causar conflictos. «La gente, en general», comenta Dolores Ruiz, «no los rechaza una vez que los conoce». Estos laosianos estuvieron dos años en un campo de refugiados en Tailandia; huyeron de las masacres de los jemeres rojos y ahora, trabajando como chóferes o albañiles, criando conejos -«muy buenos para comer», dice Akai, once años, en perfecto castellano-, no piensan en regresar, sino en ahorrar dinero para traer a los familiares que quedaron en Tailandia. «Cuando regresé de vacaciones», comenta la. asistenta social, «descubrí que casi no comían intentando ahorrar para traerlos».

Argentinos, asiáticos, uruguayos, africanos o iraníes, un conglomerado con diferentes problemas pero con un telón jurídico común: la deficiencia de la legislacíón. La ley de asilo, correspondiente al derecho de asilo, todavía no existe. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado por dos veces consecutivas su proyecto. UCD lo bloqueó la primera vez y ha decidido introducirle una serie de enmiendas ahora. Guy Prim considera que «en general, se toman en cuenta los comentarios que ACNUR había hecho al proyecto socialista». Por su parte, Juan José Rodríguez Ugarte, secretario general de CEAR, afirma que «las enmiendas de UCD son restrictivas, recortan el proyecto socialista y la posibilidad de que el Estado español cuente con la ley de asilo amplia y liberal que la realidad exige».

Al mismo tiempo, UCD ha presentado un proyecto de ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Rodriguez Ugarte piensa que esta ley tiene conexión directa con el problema de los refugiados y que, por tanto, la ley de asilo hay que enmarcarla en ella. «Las enmiendas y la ley sobre extranjeros se complemen tarán para restringir derechos del refugiado».

No son pocas las personas que esperan esa ley de asilo, ya que no deja de ser curioso -aunque exista la adhesión a la Convención de Ginebra como marco generalque muchas personas deban refugiarse bajo una ley que aún no existe. A la vez, se ven sometidas a un amplio espectro de decretos, ordenanzas y voluntades administrativas, muchas veces contradictorias entre sí. La situación se complica en el caso de los latinoamericanos: una ley del 30 de diciembre de 1969 los homologa con los trabajadores españoles en cuanto a derechos. Esos derechos que en la realidad no existen, unidos al hecho de que son centenares los latinoamericanos que, pese a conservar su pasaporte en orden, no pueden o temen regresar a su país de origen, se suman al miedo a refugiarse bajo una ley fantasma. El resultado es la existencia de un alto número de refugiados de hecho o exiliados. «Y el ternor», dice un refugiado, «a que ante un cambio político en España (y ha. bla del reciente intento del golpe militar) hubiese algún tipo de filtración de información entre los servicios de seguridad de este país y los nuestros».

Cifras aproximadas

En España hay entre 30.000 a 50.000 personas que pueden ser calificadas como refugiados según la Convención de Ginebra de 1951. Estos datos provienen del Gobierno español, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y agencias voluntarias. Desglosando la cifra antes dicha, habría: 15.000 argentinos, 3.000 uruguayos, mil chilenos, 4.000 cubanos (la mayor parte de ellos en tránsito), entre 5.000 y 6.000 ecuatoguineanos, mil indochinos y el resto provenientes de Europa del Este (por ejemplo, Rumanía, Bulgaria, Unión Soviética y República Democrática Alemana) y casos aislados de América Central, Bolivia, Africa, Palestina, Siria e Irak. Hay que resaltar que se encuentran en España, aproximadamente, cien familias iraníes en tránsito.