El Banco de España se opone a la venta de nueve financieras del grupo Central de Inversión y Crédito al Citibank estadounidense

El Banco de España ha emitido un informe desfavorable a la operación de compra de nueve sociedades financieras pertenecientes al grupo de la Central de Inversión y Crédito por parte del Citibank. La información sobre las negociaciones entre CIC y el segundo banco norteamericano se produjo en la primera quincena del mes de febrero (véase EL PAIS de 11-2-1981). En aquellas fechas, tanto el grupo asegurador Mapfre, principal accionista de CIC, como los representantes del Citibank en España declinaron hacer comentarios respecto a la operación, aunque reconocieron la existencia de las negociaciones.Desde un primer momento, ambas partes temían las reticencias de las autoridades económicas españolas, sobre todo cuando la expansión de la banca extranjera en nuestro país se encuentra fuertemente contestada por parte de los banqueros nacionales.

Así, la solicitud de aprobación de la operación no siguió los cauces administrativos ordinarios, según fuentes próximas al Ministerio de Economía, Dirección General de Transacciones Exteriores, Dirección General de Política Financiera y Consejo de Ministros, sino que se pidió un dictamen previo al Banco de España.

En el informe negativo del banco emisor puede haber jugado de forma importante el contenido de una de las últimas reuniones entre los presidentes de los siete grandes bancos nacionales, donde, según ha podido saber EL PAIS, se emitió un juicio muy duro con respecto a la posibilidad de que la banca extranjera adquiriese bancos españoles en crisis o que procediera por cualquier sistema a una expansión superior a la que fija su reglamentación particular, publicada en el BOE del 24 de junio de 1978.

La posibilidad de adquirir sociedades financieras por parte de bancos extranjeros ha sido calificada por diversos representantes del sector como la manera más idónea de hacer banca para estas entidades sin tener que someterse a la estricta reglamentación del Banco de España.

La polémica al respecto surgió a raíz de la adquisición del Banco de Valladolid, intervenido por la Corporación Bancaria (Cobasa), por parte del Barclay's Bank. En ese momento, los representantes de la banca española se sintieron agredidos en sus intereses e incluso pusieron en duda la legalidad de la operación. Inmediatamente iniciaron contactos para que el Banco Meridional y la Banca López Quesada, las dos entidades en dificultades que se encuentran intervenidas actualmente por el Fondo de Garantía de Depósitos y gestionadas por Cobasa, no fuesen vendidas a entidades extranjeras.

La entrada de los bancos extranjeros en nuestro país, que ya contó con numerosas reticencias en el momento de su aprobación, se reguló con una normativa muy estricta, cuyas principales características se centran en la obligación de que se constituyan con un capital mínimo de 750 millones de pesetas, suscrito y desembolsado, en la limitación a tres oficinas de su red comercial y en la imposibilidad de obtener financiación externa en los mercados españoles en un porcentaje que exceda el 40% de sus inversiones en valores, créditos a entidades españolas, tanto públicas como privadas, y los activos destinados a la cobertura del coeficiente de caja. Sólo queda fuera de esta limitación la financiación obtenida en el mercado interbancario.

Otros puntos que fija la normativa especial para la banca extranjera instalada en España son la obligación de pasar una inspección anual del Banco de España durante los cinco primeros años desde su instalación y que su cartera de valores sólo pueda incluir fondos públicos o renta fija. La distribución de beneficios la realizan igual que la banca nacional.