El Ayuntamiento de Avilés recurre contra la declaración de zona contaminada

El Ayuntamiento recurrirá contra el real decreto que declaró al municipio de Avilés «zona de atmósfera contaminada», calificado por el alcalde, Manuel Ponga, del PSOE, de «pobre y decepcionante en la medida que no tiene en cuenta las necesidades concretas avilesinas». Los servicios jurídicos municipales estudian estos días la posibilidad legal de recurrir el real decreto aprobado «por el Consejo de Ministros el pasado 23 de enero, fecha en la que parecía culminar el largo proceso seguido por las corporaciones municipales que habían hecho tal solicitud por primera vez en 1977.

La nueva Corporación, de mayoría de izquierda, ratificó esta petición e incluso amenazó a la Administración con desencadenar movilizaciones contra los sucesivos retrasos en la declaración de Avilés como «zona de atmósfera contaminada».La designación del nuevo gobernador civil, Jorge Fernández, consiguió desbloquear la situación. Su resuelta toma de postura a favor del acuerdo municipal, después de algunas vacilaciones iniciales, puso en guardia al alcalde socialista, que llegó a temer el tendido de una trampa dirigida a la aplicación de una reestructuración salvaje en Ensidesa, con la consiguiente pérdida masiva de puestos de trabajo, escudada en el proyecto de limpiar el aire de Avilés. Por este motivo, Manuel Ponga paralizó temporalmente el expediente hasta obtener del gobernador civil la garantía de que la declaración de zona contaminada no tendría relación alguna con el plan de reconversión de Ensidesa.

Niveles críticos

El real decreto, aprobado el pasado mes de enero, afirma que la degradación del ambiente atmosférico a que se ha llegado en el área del término municipal de Avilés, como consecuencia de la creciente industrialización y elevada concentración urbana de la zona ha motivado que la contaminación en algunos puntos durante determinados períodos alcance niveles críticos, lo que aconseja la adopción de urgentes medidas correctoras, compatibles con los actuales imperativos socioeconómicos.A partir de ahora, el Ayuntamiento podrá ejercer la vigilancia y medición de los niveles de emisión de materia sedimentable, teniendo por objetivo la puesta en marcha de una serie de medidas correctoras para reducir las emisiones de la contaminación industrial.

Entre dichas medidas correctoras, las empresas ubicadas en el municipio deberán utilizar combustible menos nocivos o generadores de enrarecimiento ambiental y habrán de arbitrarse medidas para disminuir los efectos contaminantes del tráfico rodado.