Los funcionarios policiales anuncian medidas de presión en solidaridad con los inspectores detenidos

Tres de las novedades que arrojó ayer el conflicto policial surgido en torno al caso Arregui fueron la convocatoria de una huelga de celo en Bilbao, el anuncio por parte del Sindicato Profesional del Cuerpo Superior de Policía (SPCSP) de una «jornada de silencio» para el próximo lunes en Madrid y nuevas medidas de solidaridad adoptadas por los funcionarios de las brigadas Central y Regional de Información, que acordaron permanecer ayer durante su tiempo libre acompañando en las dependencias policiales a los cinco inspectores en situación de prisión preventiva.Fuentes de la Dirección de la Seguridad del Estado informaron ayer a EL PAÍS que la supuesta huelga de celo consiste en la aplicación estricta del reglamento policial para trámites burocráticos, hecho que trae consigo ciertos retrasos en las funciones policiales de para al público, pero que en ningún momento conlleva paralización del, servicio.

De «absoluta normalidad» calificó ayer el gobernador civil de Vizcaya la situación laboral de los funcionarios, calificativo que también utilizaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía cuando fueron consultadas al respecto. Ayer, en dos periódicos de Bilbao se informaba que se había celebrado una asamblea el pasado miércoles en los locales de la Jefatura, en la que se aprobó el comienzo de una huelga de celo de diez días de duración a partir de la una de la tarde del día 18.

Asimismo se elaboró un comunicado en el que se justificaba el comienzo de esta supuesta huelga de celo en « la campaña difamatoria y ultrajante ocurrida durante los últimos días contra la policía; la tolerancia de la Administración del Estado con respecto a la citada campaña y manifestaciones callejeras desarrolladas durante la misma, y la prejuzgación de los hechos acaecidos, que están sub judice».

El gobernador civil de Vizcaya, Juan José Izarra, declaró ayer a este periódico que los funcionarios de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao no llegaron a celebrar el martes una asamblea formal, ya que no hubo ni convocatoria, ni se fijó local, ni se paralizaron en ningún momento los servicios. «Prefiero calificarlo», afirmó, «como una reunión numerosa en la que se habló de realizar una huelga de celo, que ni ayer ni hoy se ha llevado a la práctica y se manifestó, eso sí, el malestar y la incomodidad que existe en el cuerpo ante la campaña que ha recaído sobre ellos. Les molesta que de Arregui se hable como presunto miembro de ETA y de ellos, generalizando, como asesinos».

En este sentido y confirmando esta afirmación, corroborada por fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, ayer funcionaron con normalidad los servicios de la misma. No se observaban colas especiales en la tramitación del Documento Nacional de Identidad e incluso fue normal el parte diario de sucesos que se confecciona para los medios informativos.

Paralelamente a esto, ayer, en Madrid, el SPCSP reunió a su junta regional y acordó convocar «una jornada de silencio» para el próximo lunes. En la reunión se adoptó esta medida con objeto de llamar la atención de la Administración y «promover las acciones legales oportunas contra aquellas personas que, de un modo u otro, han atacado la institución policial sin ningún fundamento».

Aunque el ministro del Interior, Juan José Rosón, manifestó en los pasillos del Congreso de los Diputados. que el momento actual de la policía es de tranquilidad, ayer todavía se detectaba cierta tensión entre el funcionariado del cuerpo, principalmente en los departamentos de las brigadas Regional y Central de Información, cuyos inspectores han pedido ser trasladados a otros servicios en señal de protesta.

Fuentes policiales informaron a EL PAÍS que la totalidad de los funcionarios de estas dos brigadas decidieron ayer por mayoría permanecer durante su tiempo libre en las dependencias policiales donde se encuentran sus compañeros en prisión preventiva.

Otro de los aspectos significativos de esta crisis policial fue la entrevista que ayer sostuvo el todavía presidente del Gobierno en funciones, Adolfo Suárez, con los dimisionarios director y secretario general de la Policía, Blanco y Fernández Dopico, respectivamente, y el también dimitido comisario general de Información, Manuel Ballesteros.

Precisamente la agencia France Press informaba que «la rebelión de la policía española había sido desarticulada por el Ejército», hecho este que no fue confirmado oficialmente. Sin embargo, en medios políticos no se ha descartado nunca que en los supuestos contactos que parece que mantuvieron los responsables de la seguridad ciudadana con los mandos policiales para frenar la cadena de dimisiones habría tenido alguna participación el teniente general Gutiérrez Mellado, en su calidad de máximo responsable de la seguridad y defensa nacional.

Mientras tanto, continúan en huelga de hambre 147 miembros de ETA, de los 153 que permanecen recluidos en la cárcel madrileña de Carabanchel, en señal de protesta por la muerte de Arregui. También ayer se produjo una nueva denuncia por supuestas torturas a un detenido. La presentó María Luisa Jara, madre de un preso que presentaba golpes en la cara y que había sido interrogado en la comisaría de Getafe.