Editorial:Editorial
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Se acepta la dimisión

LAS DIMISIONES en cadena de varios altos cargos de la Seguridad del Estado; presuntamente motivadas por la prisión preventiva dictada contra cinco policías implica dos en las diligencias por las torturas a José Arregui, tienen una lectura política que arroja de saladoras conclusiones.Las claves de ese plante se hallan inscritas en la línea de sombra que comienza con Manuel Fraga, prosigue con Ibáñez Freire, Rodolfo Martín Villa y concluye -por ahora- con Juán José Rosón. Porque en esa zona oscura se ocultan las razones y los intereses que impidieron, cuando todavía era tiempo, adecuar, el aparato de seguridad del Estado heredado del franquismo a las necesidades, los valores y los principios de la Monarquía parlamentaria y del sistema de gobierno constitucional. La experiencia de los últimos años ha demostrado que en el escalafón del Cuerpo General de Policía hay numerosos Funcionarios demócratas y respetuosos con la legalidad constitucional que hubieran podido relevar a aquellos de los colegas de carrera, aun respetando sus derechos económicos y administrativos, que se habían distinguido en la represión política contra los adversarios, del anterior régimen (algunos de los cuales son hoy diputados, senadores y alcaldes) o que se mostraban incapaces de aceptar el nuevo marco político y jurídico al que deben servir como funcionarios públicos. Esta sociedad todavía espera una explicación satisfactoria del ex ministro del Interior Rodolfo Martín Villa, aunque sea en un artículo de memorias, por sus nupcias político-administrativas con el comisario Conesa y por su sostenida decisión de encomendar los puestos claves del aparato de seguridad del Estado a personas de las que resultaba razonable presumir convicciones antidemocráticas, cuando no conexiones con bandas ultraderechistas.

Pero esa catarata de dimisiones tiene, además de una lectura política, un diagnóstico juridico-penal, que debería ser contemplado. El artículo 199 del Código Penal sanciona con la inhabilitación a los funcionarios públicos que atenten contra la independencia de los jueces y magistrados, y las dimisiones parecen una presumible respuesta a la medida judicial de la prisión preventiva de los cinco funcionarios que participaron en el interrogatorio de Arregui. También el artículo 222 del Código Penal considera como reos de sedición a «los funcionarios encargados de la prestación de todo género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad que, suspendiendo su actividad, ocasionen trastornos a los mismos o de cualquier forma, alteren su regularidad». Y creemos que la legalidad vigente debe ser contemplada con especial atención por las autoridades en momentos tan delicados como este.

Recordemos, finalmente, que el artículo 9 de nuestra norma fundamental establece que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto de¡ ordenamiento jurídico » y que el artículo 104 asigna a los cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana».

Para conseguir que los ciudadanos acaten las leyes, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es cumplir a rajatabla con la letra y con el espíritu de la Constitución. Lo cual significa, entre otras, que los funcionarios públicos, y especialmente aquellos a quienes la sociedad encomienda el monopolio de la violencia y la vigilancia del orden, deben predicar con el ejemplo y, en su defecto, ser criticados o sancionados de manera especialmente severa. No es aceptable que, cuando unos custodios de las leyes las infringen, sus compañeros de escalafón, en un acto de solidaridad gremialista, antepongan el más estrecho espíritu de cuerpo al respeto a las leyes que custodian y a la sociedad que les ha encomendado esa privilegiada y delicada misión.

Otras lecturas tiene también esta postura de algunos destacados mandos policiales, próxima al «chantaje de Estado». Acaso la más elemental es que un cuerpo de seguridad del Estado como es el policial no puede convertirse en permanente elemento de inseguridad e inestabilidad. Es inadmisible en una sociedad occidental que, un cuadro de jerarcas, policiales -sumidos algunos de ellos en el descrédito por su protagonismo represivo en el régimen anterior, cuando no por su ineficacia en éste -alimenten con sus gestos el fuego de una crisis política.

Para dimitir tan espectacularmente es preciso, en conciencia, estar cargados de razones políticas y profesionales. No es precisamente este el caso.

En agosto de 1978, la junta nacional de la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policías daba a la opinión pública una nota en la que manifestaban reiteradamente que estaban «dolorosamente hartos» de huecas declaraciones públicas sobre la muerte de funcionarios. del orden público o del desprecio de la ley que -según ellos- se advertía en este país. Cabría ahora aducir a estos funcionarios que la sociedad española está dolorosamente harta de la falta de profesionalidad de algunos mandos policiales, que todavía no han descubierto -pese a los medios económicos puestos a su disposición- la cibernética y que garantizan sus puestos jerárquicos privatizando informaciones que sólo pueden ser propiedad del Estado. Esta sociedad puede estar dolorosamente harta de que algunos policías utilicen los malos tratos como fácil recurso sustitutorio de métodos investigativos profesionalizados.Y muchos españoles pueden estar hartos de tanto crimen común sin resolver -o falsamente resuelto- por la impericia de estos funcionarios. Cuando, mientras tanto, son sus subordinados los que caen bajo el fuego terrorista.

La hora de las dimisiones bien puede ser la hora de las aceptaciones. Entréguese la dirección de los aparatos policiales a los miles de profesionales de la policía que desean labrarse un porvenir sirviendo a un Estado moderno y democrático, persiguiendo profesionalmente a los delincuentes, e investigando menos la vida privada de ciertos políticos. Lo que no puede tolerarse es la soberbia gremial de un reducto de cargos prestos a convertir la salvaguardia de sus intereses personales en problema de Estado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 17 de febrero de 1981.

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