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Dimisiones en cadena en el mando policial por las investigaciones judiciales sobre el "caso Arregui"

Tres altos cargos de la policía presentaron ayer su dimisión en relación con las investigaciones judiciales que desde hace unos días se vienen llevando a cabo sobre la práctica de torturas por parte de inspectores de este cuerpo al supuesto miembro de ETAm José Ignacio Arregui, fallecido el pasado viernes en el Hospital Penitenciario de Carabanchel. Los responsables policiales que han presentado su dimisión son el director general de Policía, José Manuel Blanco; el secretario general de la Dirección General de la Policía, José Luis Fernández Dopico, y el comisario general de Información, Manuel Ballesteros. Otros cuatro altos cargos policiales, dos comisarios generales y dos jefes de división, han solicitado ser relevados de sus cargos.

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El Ministerio del Interior, mediante un comunicado difundido anoche, salió al paso de la cadena de informaciones contradictorias que circularon durante la tarde de ayer, coincidiendo con la presencia del ministro en el Congreso de los Diputados, en las que se advertían que se estaba produciendo una dimisión en cadena del mando policial que incluso afectaba a varias jefaturas regionales de policía y a casi la totalidad de los funcionarios que integran las brigadas Regional y Central de Información. Precisamente fuentes sindicales de la policía informaron a este periódico que numerosos funcionarios de estas dos brigadas anunciaron ayer a sus superiores la baja en los servicios que estaban realizando.El Ministerio del Interior confirmó las tres dimisiones citadas, aunque no especificó los nombres de los otros cuatro altos cargos que habían anunciado su dimisión. EL PAÍS supo que se trata de los comisarios generales Trinitario Romero (Policía Judicial) y Fernández Robles (Documentación). Los jefes de división, que también asumen la decisión de dimitir, son los responsables de Personal y de Obras e Instalaciones.

El primero en presentar la dimisión fue el director general de la Policía, José Manuel Blanco, hombre considerado próximo al Opus Dei. Las causas de la dimisión de Blanco están supuestamente relacionadas con las investigaciones judiciales que desde hace unos días se vienen realizando sobre las torturas a que fue sometido el presunto miembro de ETAm José Ignacio Arregui antes de su fallecimiento.

La dimisión de Blanco, confirmada oficialmente por el Ministerio del Interior, se produjo poco después de conocerse la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 13, José Antonio de la Campa, encargado del caso Arregui, de determinar prisión preventiva para los cinco funcionarios del Cuerpo Superior de Policía que intervinieron directamente en los interrogatorios del supuesto miembro de ETAm.

De la Campa, en unas declaraciones a Efe, manifestó que la prisión preventiva se trataba de una medida cautelar adoptada a la vista de la marcha de las investigaciones, hecho que, en su opinión, no supone prejuzgar nada, ya que continúa la instrucción del sumario y la investigación sobre el mismo. EL PAÍS supo que la decisión de determinar prisión preventiva para los cinco funcionarios fue sugerida, al parecer, por el fiscal que interviene en el caso.

Precisamente, el anuncio de la prisión preventiva para los cinco policías fue uno de los motivos que impulsó a José Manuel Blanco a presentar la dimisión, decisión que puso inmediatamente en conocimiento de su más inmediato superior, el director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, y del ministro del Interior, Juan José Rosón.

La postura del director general de la Policía fue a su vez comunicada por éste a más principales colaboradores, el secretario de la Dirección General de la Policía, José Luis Fernández Dopico; el comisario general de Información, Manuel Ballesteros; el comisario general de la Brigada Judicial, Trinitario Romero; el comisario general de Seguridad Ciudadana, Genuino Nicolás, y el comisario general de Documentación, Miguel Fernández, quienes, en una larga reunión mantenida en el salón Canalejas de la Dirección de la Seguridad del Estado, manifestaron su solidaridad con Blanco.

La dimisión de Blanco y la de otros mandos policiales trajo consigo una sonora reacción desde la Dirección General de la Seguridad del Estado, que sorprendió al ministro Rosón cuando se encontraba en el Congreso de los Diputados. Las agencias de noticias comenzaron inmediatamente a dar a conocer distintas informaciones sin confirmar de dimisiones en cadena.

Efe, en un despacho, anunciaba que los máximos responsables de los cuerpos de la Seguridad del Estado habían presentado su dimisión al ministro del Interior, y añadía que, aunque la única que se habla aceptado era la del director general de la Policía, José Manuel Blanco, también habían corrido la misma suerte el subsecretario del Ministerio del Interior, Luís Sánchez Harguindey, y el director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína.

Sin embargo, después de dos horas, tanto Laína como Sánchez Harguindey hacían declaraciones por separado desmintiendo tales dimisiones.

Por su parte, la agencia France Presse informaba que al menos doscientos policías habían presentado la dimisión por la prisión preventiva de los cinco inspectores implicados en los interrogatorios al supuesto etarra Arregui.

Entre tanto, durante al menos cinco horas, se sucedieron noticias p confusas sobre la, reacción suscitada en el Cuerpo Superior de Policía ante las supuestas dimisiones en cadena. Fuentes policiales indicaron que en las dependencias de la Dirección de la Brigada Regional de Información fue colocado un cartel solicitando de los funcionarios adscritos a ese departamento que solicitaran la minuta de baja en sus respectivos servicios.

Muchos funcionarios, principalmente adscritos a la Brigada Judicial, Brigada Central de Información y Brigada Regional de Información, comunicaron a sus A superiores la intención de darse de baja en sus servicios o de ser trasladados a otras secciones. Concretamente, en Bilbao hubo funcionarios que intentaron entregar sus placas. Desde la Dirección de la Seguridad del Estado, las noticias sobre las dimisiones en cadena llegaron a provincias, principalmente a las jefaturas regionales de policía, donde crearon mayor confusionismo. Sobre las siete de la tarde, fuentes sindicales de la policía informaban que, además de las dimisiones de los cuatro comisarios generales, el secretario general de la DGP y el director general de la Policía, se habían producido cuatro más en provincias. Concretamente informaban que habían presentado su dimisión los jefes superiores de Policía de Madrid, Barcelona, Valladolid y Sevilla.

Tanto el jefe superior de Policía de Madrid, comisario García Gallego, como el de Valladolid, comisario Gómez de Ramón, desmintieron completamente los rumores. El responsable policial de Valladolid, en declaraciones a este periódico, dijo que él estaba en contacto, por los canales habituales, con los once jefes. superiores de policía regionales y que desconocía cualquier intento de dimisión por parte de algunos de ellos.

Tres altos responsables

José Manuel Blanco Benítez, 53 años, fue nombrado director general de la Policía en marzo del pasado año, en sustitución de José Sainz. Su nombramiento fue interpretado como una victoria de la línea más afín a los hombres que han estado vinculados a la policía político-social.

Manuel Ballesteros cuenta, a sus 45 años, con un amplio historial profesional en la policía. Comisario jefe en San Sebastián durante dos años, en 1976 fue nombrado jefe superior de Policía de La Coruña, lo que le convirtió en el jefe superior más joven de la policía española en aquel momento. Experto conocedor del tema de la lucha antiterrorista, en agosto de 1978 fue destinado a la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, puesto en el que permaneció hasta mayo de 1979, en que le fue encomendada la dirección de la Comisaría General de Información, en sustitución del comisario Roberto Conesa.

José Luis Fernández Dopico, secretario general de Policía desde septiembre del pasado año, tiene, a sus 39 años, un amplio expediente dentro del Cuerpo Superior, donde ingresó en 1962. Fue inspector en Vizcaya, comisario en Irún, jefe del Gabinete de Orden Público y jefe del Gabinete de Información. Su acceso a la Secretaría General de la Dirección General de la Policía se produjo con la reestructuración de los altos cargos policiales llevada a cabo por el ministro del Interior, Juan José Rosón.

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