Los empresarios textiles acusan al INI de competencia desleal
«El Estado está haciendo una competencia desleal al sector textil privado desde las empresas nacionalizadas», manifestó el lunes pasado en Barcelona Josep María Juncadella, importante industrial catalán, en el curso de un debate sobre la crisis del sector textil. En el acto participaron David Montero Durán, subdirector general de Industrias Químicas y Textiles del Ministerio de Industria y Energía; José Antonio Montserrat Martínez, consejero delegado de Intelhorce, y Agustín Montal, industrial textil catalán.«La compra de Intelhorce», señaló Juncadella, «puede que no sea inconstitucional, pero me atrevo a calificarla de abuso de poder. En Málaga se está creando, de hecho, una nueva empresa Intelhorce, mientras en Cataluña desaparecen industrias y puestos de trabajo. Esto va en contra de la propia filosofía del anunciado plan de reconversión. Con la política de bajos precios de estas empresas nacionalizadas y el cáncer que representa la incoherencia de las importaciones masivas a bajos precios se está haciendo competencia desleal a las empresas privadas».
Tanto Juncadella como Agustín Montal denunciaron una falta de coherencia en la política de importaciones. «La estimación para 1980 de importaciones de productos textiles manufacturados », manifestó Juncadella, «es de 40.000 millones de pesetas, y en el presente año podemos llegar a los 52.000 millones de pesetas».
El subdirector general de Industrias Químicas y Textiles, David Montero, señaló que el principal objetivo de su departamento estaba en la puesta en marcha del plan de reestructuración textil, mediante el cual el Estado y las empresas privadas colaborarán en el relanzamiento del sector por un total de 150.000 millones de pesetas.
El consejero delegado de Intelhorce, por su parte, manifestó que esta empresa «vendía a los precios que podía» y que no creía que el sector textil estuviera en crisis por la actividad de las empresas nacionalizadas. Para José Antonio Montserrat, la crisis del textil era debida, entre otras cosas, a la atomización de las empresas del sector, a la incapacidad exportadora y a la política salarial mantenida por las empresas privadas en los últimos años.
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