Duras interpelaciones al Gobierno de los grupos de izquierda y del PNV

Los grupos parlamentarios de izquierda y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) han reaccionado con dureza ante la muerte del presunto etarra José Ignacio Arregui. Una interpelación al Gobierno por parte del PNV y otra del Grupo de Socialistas Vascos, a tramitar por procedimiento de urgencia, así como una pregunta del comunista Santiago Carrillo, han sido las primeras medidas adoptadas. En el caso de la interpelación socialista, el portavoz del grupo, Carlos Solchaga, declaró a EL PAIS que pedirán a la Mesa del Congreso que sea tramitada el próximo martes, en el Pleno de la Cámara convocado para ese día.Los socialistas vascos, tras hacer un relato de los hechos, que básicamente coincide con el facilitado ayer por EL PAIS, interpelan al Gobierno sobre si tiene constancia respecto a la realidad de los hechos acaecidos en las dependencias policiales, primero, y en el hospital penitenciario, después. Preguntan también cuáles son las causas que han conducido a la muerte de José Arregui.

La interpelación socialista contiene además una pregunta sobre si se han puesto en marcha las investigaciones pertinentes para esclarecer las presuntas torturas, malos tratos y vejaciones a los que pudo ser sometido el citado ciudadano.

Los socialistas preguntan también si durante el tiempo de la detención se han interesado el juez o el ministerio fiscal sobre las condiciones del trato al detenido y, finalmente, si el Gobierno se propone ampliar o precisar el contenido de la asistencia letrada a los detenidos, de tal forma que sea «preceptiva e irrenunciable en cualquier investigación policial».

El diputado del PNV Joseba Azcárraga presentó, por su parte, una interpelación al Gobierno en relación con el mismo tema, en la que se interesa sobre la explicación clara y pública de las causas de la muerte y de la identidad de los responsables de la misma, así como pregunta si era conocedor el ministro del Interior de los interrogatorios que se estaban practicando y de la situación física del detenido.

Tras inquirir también sobre otros detalles de las atenciones médicas recibidas por José Arregui y por las comprobaciones realizadas por el juez, en su caso, y preguntar si este trágico hecho servirá para que definitivamente se reúna la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, Joseba Azcárraga expresa su más rotunda condena ante un hecho «incalificable y más propio de personas que no tienen el menor respeto a la vida».

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Comunista, Santiago Carrillo, ha dirigido una pregunta al Gobierno en la que recuerda que los hechos ocurridos «han sucedido bajo la responsabilidad directa de los más altos cargos en materia policial: el ministro del Interior, el director general de Policía y el director general de la Seguridad del Estado». En principio, la pregunta comunista estaba previsto que la formulara el diputado Simón Sánchez Montero, pero, ante la gravedad de los hechos, se optó porque fuera el líder del partido quien formulara directamente la pregunta.

Santiago Carrillo recuerda que la ley Antiterrorista estableció que el Gobierno, al menos cada tres meses, y en todo caso cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios, «informará al Congreso de los Diputados y al Senado de las condiciones y resultados de la aplicación de esta ley», y añade que, para el cumplimiento de esta obligación por el Gobierno, «no es óbice que el mismo se encuentre en funciones».

El líder comunista señala que las prácticas policiales en este caso «recuerdan las habituales del régimen franquista»; destaca las contradicciones existentes entre el parte médico realizado a instancias del Ministerio de Justicia y la nota del Ministerio del Interior, y resalta las «graves y comprometidas» declaraciones del director general de Policía, José Manuel Blanco, al manifestar que «se encontraba en condiciones de afirmar que el detenido en ningún momento fue objeto de malos tratos durante el interrogatorio».

Posible ley de asistencia al detenido

«El presunto incumplimiento por parte del Ministerio del Interior del artículo 17.3 de la Constitución, que garantiza la asistencia letrada al detenido, podría llevar al Ministerio de Justicia a elaborar un proyecto de ley orgánica específica que desarrollara el citado precepto constitucional», según informaron a EL PAIS fuentes del citado departamento ministerial.