400 abogados, contra el documento de los obispos

Alrededor de cuatrocientos aboga dos, entre ellos los integrantes de varios colectivos de mujeres y conocidos profesionales, como Enrique Gimbernat, Cristina Almeida y Pablo Castellanos, han firmado un documento, que fue hecho público ayer, en el que analizan el texto de los obispos contra el proyecto de ley de Divorcio y el momento de crisis política elegido por las autoridades eclesiásticas para hacerlo público.

Los ahogados se extrañan de que la jerarquía eclesiástica se haya sorprendido ante las reacciones suscitadas por sus criterios y las entiendan como una negación del derecho a la libertad de expresión. «Aunque la jerarquía eclesiástica nunca ha defendido este derecho», dicen, «no cabe duda que siempre lo hemos reivindicado para toda la comunidad sin exclusiones, pese a lo cual no deja de causarnos estupor que quienes jamás se han manifestado públicamente en contra de la tortura, de la pena de muerte, a favor del restablecimiento de las libertades públicas, de la igualdad de derechos de los hijos, sin tener en cuenta su nacimiento, reivindiquen en este preciso momento su derecho a la libertad de expresión».

Después de recordar que «el artículo 32 de la Constitución establece la disolución del vinculo como un derecho civil básico del ciudadano», los firmantes dicen que «las llamadas a la salud moral y la estabilidad de la familia contenidas en el documento episcopal resultan no sólo desfasadas, sino contrarias a las ideas que mayoritariamente los ciudadanos de este país tienen en torno a lo que es el bien común en un Estado democrático»».

Derecha e Iglesia

«El documento», dicen los abogados, «nos recuerda demasiado tiempos no muy lejanos en que la derecha más reaccionaria y la Iglesia eran un colectivo inseparable, unidos por los mismos intereses, el mantenimiento de sus privilegios, privilegios y dogmas que para las clases dominantes siempre han hallado excepción». A este respecto, apunta el escrito de los profesionales, «no podemos por menos de citar las nulidades matrimoniales concedidas por los tribunales de la Iglesia, además de en condiciones de irregularidad bochornosa e incluso a favor de cónyuges claramente "culpables" de la ruptura por causas tan peregrinas como no creer en la perpetuidad del vínculo todo ello con efectos civiles en el orden social».

Los firmantes se sorprenden también de la «la interpretación tendenciosa que del provecto de ley de Divorcio hace la Conferencia Episcopal a la que no se le puede presumir ignorancia, según opinan los ahogados sobre el divorcio por mutuo acuerdo que pretenden se contiene en el provecto, cuando de todos es sabido que tal derecho no se recoge en el mismo»

El escrito de los ahogados dice que «hablar a estas alturas de repudio es muy representativo de la misoginia de la Iglesia, que, en lugar de fomentar la independencia económica de la mujer, reivindica para ésta la vuelta al hogar y a los hijos y luego pretende protegerla de la arcaica figura del repudio, que donde se da realmente es en la nulidad, que, al declarar el vinculo inexistente, no reconoce derecho alguno alimenticio al otro cónyuge»