La CEE sigue considerando "excesivas" las pretensiones españolas en el conflicto pesquero

La Comisión Europea sigue estimando excesivas e inaceptables las últimas pretensiones españolas sobre cuotas y licencias de pesca para el presente año de 1981, según manifestó ayer el subsecretario de Pesca, Miguel Aldasoro, al término de una nueva reunión con los negociadores comunitarios. Aldasoro añadió que las posiciones estaban muy alejadas y que España no tenía margen de maniobra porque se encuentra ya en el límite.

El subsecretario de Pesca se negó a explicar cuál había sido la última posición española, pero es lógico suponer que los expertos de Madrid se declararían dispuestos a aceptar una reducción en el número de licencias y capturas (en 1980, los pesqueros españoles obtuvieron 168 licencias para capturar más de 11.000 toneladas de merluza).En cualquier caso, se trataría de una reducción muy inferior a la propuesta por el Consejo de Ministros de la CEE, que pretende conceder 95 licencias y 8.000 toneladas.

Miembros de la delegación de la Comisión Europea abandonaron la sala de negociaciones para realizar consultas telefónicas, probablemente con los representantes permanentes de Francia, Gran Bretaña e Irlanda, los tres países del Mercado Común que mantienen una postura más intransigente.

A su regreso reiteraron su posición inicial: aunque el Consejo de Ministros esté dispuesto a aumentar la oferta inicial, no llegará a cubrir las pretensiones de Madrid, que son, afirmaron, «excesivas».

Aldasoro señaló que el Consejo de Ministros de los diez previsto para el próximo lunes examinará la nueva posición española y que, si no se llega a un acuerdo, «nos encontraremos en un vacío jurídico y corresponderá al Gobierno español estudiar las medidas a adoptar».

El subsecretario de Pesca no aclaró cuáles podrían ser estas medidas de retorsión, pero, según los argumentos empleados hasta ahora en la negociación, Madrid podría establecer un férreo control de las importaciones de pescado comunitario. Aldasoro tampoco aclaró si ya se habían estudiado medidas de apoyo para los pescadores que quedarían en paro por un período indefinido.

La obligación de abandonar las aguas de los diez, en vigor desde las doce de la noche del pasado día 31 de enero, afectó de manera inmediata a 158 barcos de altura y 38 de palangre, pero el número total de pesqueros españoles que pueden quedar amarrados en puerto es de 386.

Un problema distinto lo plantean los pesqueros de bajura, sobre los que posiblemente se podría llegar a un rápido acuerdo. Según afirmó Miguel Aldasoro, «en cuestiones de bajura no habrá problemas. Hemos hecho algunos retoques en nuestra posición, y las dos delegaciones estamos muy cerca».