La asignación del Estado al clero, aumentada en un 12% para este año

Ocho mil quinientos cuarenta y tres millones de pesetas se repartirán los 21.000 sacerdotes, obispos y cardenales en 1981. Esta cifra, mediante la cual financiará el Estado al clero español, representa una subida del 12% respecto a la suma del año anterior. Se trata de un aumento, según escribe el semanario de documentación económica que se publica en Barcelona, que entra dentro de la banda salarial negociada por la Unión General de Trabajadores y la CEOE.

Según los acuerdos firmados entre España y la Santa Sede en diciembre de 1979, este modelo de financiación se prolongará hasta 1983, fecha en la que la propia institución religiosa debe procurar su propia financiación.En una ponencia sobre el tema, elaborada por las diócesis de Barcelona, Tarragona, Salamanca y Barbastro, se ponían serias dudas respecto a la capacidad de autofinanciación de la Iglesia para esa fecha. Parece que en este momento, según la ponencia, la Iglesia no conoce con exactitud su patrimonio ni los rendimientos del mismo. No ha incorporado técnicas modernas de gestión para su importante patrimonio, y sólo en Barcelona se da el caso de un laico al frente de la economía diocesana.

Un obstáculo que va a dificultar considerablemente la participación del pueblo creyente en la autofinanciación consiste en el desconocimiento de la situación económica de la Iglesia. Muchos católicos, engañados por el esplendor exterior, están convencidos de que la Iglesia es rica y que los curas ganan mucho. La verdad es otra, a pesar de que los sueldos eclesiásticos se hayan casi cuadruplicado entre 1976 y 1981.

La mentalización del pueblo fiel es capital para lograr esa autofinanciación, ya que el sistema de asignación tributaría se hará mediante «el impuesto religioso», que consistirá en la cesión por parte del Estado de una parte de los rendimientos del impuesto sobre la renta o el patrimonio neto, siempre que el contribuyente declare que su confesión es la católica. El Estado también contribuirá a la financiación de la Iglesia mediante la entrega de determinadas cantidades de dinero y concediendo determinados beneficios fiscales.

Diferentes manifestaciones, provenientes de sectores conservadores del episcopado, han dado a entender que el plazo máximo de cinco años, fijado en los acuerdos de 1979, resulta a todas luces insuficiente para que la Iglesia alcance la autonomía financiera. Treinta años son, desde su punto de vista, un plazo razonable para lograr ese propósito.

Para poner orden en las finanzas de la Iglesia hay que empezar, según la ponencia, por hacer un inventarlo, todavía inexistente, de necesidades, recursos humanos y económicos, establecer una programación económica y constituir un sistema propio de recaudación.