Aterriza como puedas

LA CARCAJADA popular que inunda los cines españoles con la contemplación de la charada que caricaturiza las películas de Aeropuerto se va a quedar pequeña con la que el inicial desenlace de la huelga de controladores, aplazando sine die el congreso de UCD, va a provocar en la opinión pública. Si no fuera éste el partido del Gobierno y no fueran tantos y tan delicados los problemas que en su seno anidan, esta carcajada no se trocaría, sin embargo, luego en una mezcla de desánimo, estupor y tristeza. Los españoles, es verdad, tenemos un excesivo sentido del ridículo. Pero es que esto rebasa todas las cotas imaginables del humor. Por eso se nos va a permitir hacer unas reflexiones primeras sobre esta huelga y los efectos que comentamos. Los penosos recuerdos de los tiempos en que la huelga era en nuestro país un delito, sancionado por el Código Penal han creado un comprensible reflejo democrático, que se descarga de manera fulminante en favor de cualquier paro y en contra de eventuales limitaciones -en función de las circunstancias de las características de los servicios paralizados- al derecho de huelga. Pero ese incondicional y acrítico respaldo debería tal vez reflexionar no sólo sobre el artículo 36 de la Constitución, que reconoce «el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses». sino también acerca de la profunda mutación del marca) político, social y económico en el que se produce ahora la conflictividad laboral. Así como el carácter delictivo de las huelgas estaba asociado en nuestro pasado al tinglado del corporativismo vertical y a la ausencia de libertades políticas, en el presente la existencia de centrales sindicales y la garantía de las libertades ciudadanas no pueden ser abstraídas de lo que ocurre en el mundo de las relaciones laborales. Para los trabajadores polacos, el derecho de huelga ha sido un instrumento para obtener la legalización del sindicato Solidaridad, y continúa siéndolo para conseguir que el Gobierno de Varsovia abra canales a la libertad de expresión. En el otro extremo, baste con recordar la utilización de la huelga de transportes en el Chile de Salvador Allende para la desestabilización de aquel régimen constitucional.

El asunto de los controladores aéreos tal vez sirva para que ese reflejo democrático de respaldo incondicional de cualquier huelga, en cualquier momento y para cualquier objetivo, deje paso a una reflexión desprovista de mala conciencia y algo más sensata sobre el tema. La plataforma reivindicativa de los controladores -un cuerpo que depende de la Subsecretaría de Aviación Civil y que se compone de menos de un millar de miembros- multiplica nada menos que por tres el techo máximo de mejoras salariales que U GT est1 negociando con la CEOE. .Mientras el sindicato socialista sitúa la parte superior de la banda de aumento en un 15%, los controladores exigen un 45,5%. Aunque los interesados tiendan lógicamente a exagerar la cualificación de sus funciones -rebajadas, en cambio, por sus críticos-, lo cierto es que es el carácter cerrado del escalafón y el monopolio de los servicios que presta este cuerpo el factor que le sitúa en una privilegiada situación no para negociar, sino para tratar de imponer sus condiciones.

Esa ventajosa postura se convierte, en cualquier caso, en abuso, próximo al chantaje, cuando la huelga salvaje se produce en circunstancias que sitúan al Gobierno entre la espada de ceder y perder los papeles, lo que sería interpretado como una abdicación nacida del interés partidista por asegurar la celebración del Congreso de U CD, y la pared de endurecer su postura, suspendiendo la convención centrista de Mallorca indefinidamente.

«Hay que tener mucho cuidado con lo que se desea», escribía Rousseau, «porque al final se acaba obteniendo». Así las cosas, si los controladores aéreos españoles deseaban encontrar una caja de resonancia paralizando el congreso del partido en el Gobierno, lo han logrado. Pero les toca apechar ahora con la sospecha de que su reivindicación laboral -desorbitada y a deshora- esté trufada de intereses meramente políticos y partidistas.

Pero si la actitud de los controladores les descalifica a los ojos de la opinión pública, la resolución adoptada por el comité ejecutivo de UCD al aplazar sine die el congreso resulta harto preocupante. No es ya la incapacidad y el aspecto de impotencia ante el chantaje que el ministro de Transportes y sus colegas demuestran -toda vez que las huelgas de controladores son desde hace tiempo cíclicas en este país- Está también la inconsecuencia de ese sine die del aplazamiento. Aunque un congreso no se improvise, probablemente bastarían menos de dos semanas para trasladarlo de Palma a cualquier otra ciudad peninsular donde el acceso por carretera y ferrocarril permitiría evitar chantajes como a los que ahora se hace frente. El partido del Gobierno ha contestado, sin embargo, a este reto inadmisible metiendo la cabeza -y por unanimidad- debajo del ala. Si es un síntoma de cómo están las cosas, quizá cuando aterrice se dé de bruces contra el suelo.