Tres equipos de investigadores compiten para hacer la historia de la transición española

Tres equipos de investigadores se han presentado al concurso de méritos convocado por la Presidencia del Gobierno para la contratación de un trabajo sobre «La transición al sistema constitucional en España (1975-1978): los supuestos jurídicos, políticos, sociales y económicos». Aparte de su alcance científico, el trabajo de investigación sobre la transición española tiene un evidente interés político, ya que el resultado del mismo será un documentado juicio global sobre la operación política, económica y social que condujo a la instauración del sistema democrático en España.

Dotado con tres millones de pesetas, cantidad más bien exigua, pero que excede de las normalmente dedicadas por organismos oficiales a trabajos de investigación, el estudio sobre la transición española deberá estar finalizado antes del 31 de diciembre próximo. La convocatoria del concurso y sus condiciones figuran en una resolución del Centro de Estudios Constitucionales -dependiente del ministro adjunto a la Presidencia del Gobierno, Pío Cabanillas-, publicada el pasado día 6 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado. El triburial que ha de fallar sobre las solicitudes presentadas se reunirá los próximos 28 y 29 del presente mes, y su decisión será hecha pública el primer día de febrero.Presidido por el ministro Pío Cabanillas, o la persona en que delegue al efecto, el tribunal estará compuesto por: Antonio Hernández Gil, presidente de la Academia de Legislación y Jurisprudencia; Alfonso García Valdecasas, presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas; Fernando Garrido Falla, catedrático de Derecho Administrativo y de las Cortes; José Luis Sampedro, catedratico de Estructura Económica; José Cepeda, catedrático de Historia, y Jorge de Esteban, subdirector del Centro de Estudios Constitucionales.

Los tres equipos de investigadores que han presentado sus correspondientes memorias para optar al contrato de investigación (un cuarto, dirigido por los catedráticos de Derecho Político Raúl Morodo y Pablo Lucas Verdú, se ha retirado a última hora), están formados por figuras científicas conocidas, lo que parece significar que se pretende realizar una extensa y rigurosa investigación sobre el proceso democrático español.

Uno de los equipos está dirigido por el catedrático de Derecho Político Carlos Ollero, e integrado por Pedro de Vega, Julián Santamaría y Carlos de Cabo, asimismo profesores de Derecho Político, y el economista Manuel Gala. Otro equipo que opta por el contrato de investigación tiene como coordinador a Diego López Garrido, profesor de Derecho Político y letrado de las Cortes, y está integrado por los constitucionalistas José Antonio González Casanova y Luis López Guerra, los sociólogos José Vidal Beneyto y Julio Carabaña, el economista Juan Muñoz, el catedrático de Estética y escritor Xavier Ruber de Ventós y el psiquiatra Carlos Castilla del Pino. El tercer equipo está dirigido por Antonio López Pina, senador socialista en la primera legislatura y catedrático de Derecho Político de la Universidad de Valladolid, y está integrado por miembros de su departamento universitario.