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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

La reforma carcelaria

Ya en tiempos de Franco se intentaba comer el coco a la gente cuando se aseguraba que no existía en el mundo un régimen penitenciario más justo, humano y cristiano que el español. Pero, claro, la gente no se lo creía, y con razón. Hoy es distinto. Ahora que políticamente estamos casi a nivel europeo, que nos hemos dado unas instituciones democráticas en las que nos vemos representados, ahora es fácil dudar que en las cárceles españolas se esté literalmente masacrando a seres indefensos.Lo cierto es que hoy en las cárceles se reprime más y mejor que en la época franquista. Las condiciones de vida se acercan a moldes propios de países tercermundistas. Y no es que lo digamos sólo los presos, parte interesada, sino que también, incluso corriendo el riesgo de expediente disciplinatorio, lo mantienen los propios funcionarios. O por los menos aquellos que se niegan a torturar y no pueden soportar que otros lo hagan. Y lo denuncian también los más de veinte presos que se han suicidado en los últimos diez meses, y los que se abren las venas, y los que se comen bombillas, tenedores, cucharas, etcétera.

Todo esto ocurre porque a estas alturas no existe una real voluntad de cambio. Se intenta, como en otros tantos campos de la sociedad, cambiar la forma, pero no el fondo. Que no se nos diga que la reforma encuentra una firme oposición en algunos elementos del funcionariado. Eso no vale. La oposición viene, en todo caso, de aquellos que, tienen la facultad de expedientar o cesar a los que se oponen al cambio. Ningún funcionario torturaría a un preso si tuviera la certeza de que le iba en ello su empleo.

En la actualidad, reivindicar los derechos que proclama la ley General Penitenciaria supone ser «fichado» inmediatamente como elemento subversivo, etiqueta que asegura una persecución constante.

Cuando se trata de presos sociales, los organismos pro derechos humanos se inhiben totalmente. Amnistía Internacional, por ejemplo, en sus informes excluye lo relativo a estos presos.

La ley General Penitenciaria se ha quedado, un año después de su aprobación, en simple papel mojado. Es cierto que esta ley no resuelve por sí sola todos los problemas carcelarios, pero no menos cierto es que su aplicación reduciría enormemente la tensión que existe hoy en los medios penitenciarios.

Para terminar, las cárceles deben abrirse. Debe posibilitarse que todos los presos accedan al régimen abierto, como garantía de que su reinserción en la sociedad se llevara a cabo./ Preso social de la cárcel de Carabanchel.

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