"Mucha gente de UCD se pasa la vida soñando con la señora Thatcher"

Pregunta. Los problemas suscitados por la LAU en el seno de UCD parecen indicar que o bien su partido no tenía definida una línea clara en materia de política universitaria o que ésta podría ser conculcada gravemente con este proyecto de ley.Respuesta. Efectivamente, tanto en el programa electoral cómo en el del primer congreso de UCD hay una referencia bastante amplia, a los niveles inferiores de la enseñanza y muy poco explícita por lo que respecta la universidad. En este sentido no puede decirse que exista una definición expresa sobre política universitaria, sino únicamente una visión muy amplia y genérica sobre la misma. Tal vez eso ha dado pábulo a muchas simplificaciones en torno al tema de la LAU. Lo que debe quedar claro es que tanto el partido como el Gobierno han visto la necesidad de una ley universitaria que debía contar con una autoridad moral y política suficiente, y que esto sólo podría conseguirse mediante un amplio consenso entre todos los grupos, por lo que carecería de sentido una ley de UCD exclusivamente.

P. ¿Cómo se explican entonces las reacciones tan duras contra el proyecto desde las propias filas de UCD?

R. Eso mismo me pregunto yo, porque se entienden muy mal algunas discrepancias surgidas frente a la LAU que, lamentablemente, se apoyan en los sectores más reaccionarios de la sociedad y de la propia universidad. Se han vertido sobre ella acusaciones tan absurdas como la de afirmar que esta ley representa la consagración de la anarquía o el fin de la universidad. Lo que pasa es que en el fondo existía un interés grande en que no se hiciera ni esta ni ninguna otra ley, para que nada cambie y para que la universidad siga en su actual postración. La estrategia, claro está, consistió en emplear toda clase de procedimientos y argucias para retrasar su discusión y posteriormente quejarse de las prisas con que se ha debatido en la comisión.

P. En el caso de que estos sectores hubiesen logrado retrasar la discusión hasta después de celebrado el congreso de UCD, ¿cree que el resultado final del proyecto que ahora va a llevarse al Pleno del Congreso de los Diputados sería el mismo?

R. No sabría decirlo, pero no me parece que hubiera un especial empeño en llevar este asunto al congreso del partido, lo que, por otra parte, a mí no me produciría ninguna inquietud. Porque vamos a ser claros: se están haciendo unos planteamientos muy peculiares en relación con el próximo congreso de UCD.

Lo importante del congreso de un partido es la definición de las grandes líneas políticas por las que se quiere caminar y, en consecuencia, lo que estamos dispuestos a ofrecer a los electores. La gente quiere saber cuál es nuestro modelo de sociedad. Sin embargo, se está poniendo el énfasis en aspectos que pueden ser muy importantes, pero que a mí me parecen absolutamente secundarios. No es serio que, dados los gravísimos problemas que tiene planteados en este momento nuestra sociedad, todo lo que se pueda decir nuestro congreso es que hemos cambiado el sistema de elección de los cargos directivos.

P. Ese planteamiento, al parecer, obedece a un deseo de democratización del partido.

R. Ya; pero, con independencia de que se discuta si esa democratización ha de venir como, consecuencia de que el comité ejecutivo se elija por un sistema mayoritario o de proporcionalidad, me parece mucho más importante que le digamos a los españoles si de verdad nos interesa una democracia para todos. A mí, particularmente, no me interesa nada que hagamos un partido muy democrático en su funcionamiento, pero que luego resulta que le parece muy bien la venta de esclavos. Hay que decir con toda claridad si lo que está en juego es la democracia o el autoritarismo en el funcionamiento interno del partido, o si lo que verdaderamente importa es que nos pronunciemos por una línea conservadora o progresista para todos los problemas sociales, políticos y económicos que tiene planteados la España actual.

P. En su opinión, ¿qué, es lo que hay, entonces, detrás de esa insistencia de centrarlo todo en torno a los estatutos del partido y a su democratización?

R. Es evidente que se está enmascarando el contenido de fondo de todas esas supuestas pretensiones de democratización del partido, puesto que lo único que, se pretende es llevamos hacia la derecha. No hay otra cosa. Lo que está en juego es la «operación de la gran derecha», una operación bastante normal, por otra parte, en cualquier partido. Y esto es muy preocupante porque UCD no puede derechizarse. España necesita una serie de transformaciones profundas en su estractura social, que no permiten el juego de la derecha pura y simple. De otro modo está demostrado, por la forma en que ha transcurrido el período de la transición, que aquí no funciona ninguno de los supuestos de rupturismo revolucionario, por lo que es necesario que nos movamos en una línea de centro que propicie todas esas transformaciones.

P. Tal vez cuente mucho el hecho de que el péndulo de la política occidental parece que se mueve claramente hacia la derecha en estos precisos momentos.

R. Sí, es muy posible que esté pesando demasiado, esa consideración; pero pienso que no es válida para nosotros. No vale estar pen sando constantemente en lo que está pasando en otros países, como Gran Bretaña o Estados Unidos. En UCD debe haber mucha gente que se pasa la vida soñando con la señora Thatcher. Y sucede que, aparte de que tal, vez la señora Thatcher resulte, a la postre, bastante menos conservadora de lo que quieren algunas de estas personas, a lo mejor se olvidan de que la sociedad inglesa no es la nuestra. Los ingleses no necesitan, por ejemplo, una reforma fiscal ni una ley de Divorcio. Una reforma fiscal, dicho sea de paso, que Gran Bretaña hizo ya hace mucho tiempo, y que es bastante más dura que la de Fernández Ordóñez, a quien hay todavía mucha gente dentro de UCD que no se la perdona, entre otras cosas, porcte afecta directamente a sus bolsillos, cuando lo que tendrían que hacer es reconocer que se trataba de una reforma absolutamente necesaria para andar con un mínimo de decencia.

P. Puede, que ahora le toque a usted verse colocado en esa situación, y que el háber propiciado personalmente el entendimiento con los partidos de la izquierda le haya granjeado la enemistad permanente de un sector muy importante de su partido.

R. Es posible, y comprendo que haya posiciones muy distantes de las mías. Pero, a mi juicio, es un error pensar que las normas básicas para la convivencia de la sociedad española puedan ser hechas exclusivamente por UCD. Insisto, además, en que el Gobierno ha apoyado plenamente ese consenso. El Estatuto de Centros, que ha tenido un coste político importante, y que no ha sido nada beneficioso para el sistema escolar, fue un grave error de UCD, precisamente por la falta de consenso. Pero, además, ¿qué es lo que molesta de la LAU? El que un profesor adjunto pueda ser decano o que se acabe de una vez por todas con el despropósito de mantener a un profesor durante diez o doce años en una situación de inestabilidad parece como si supusiera romper con todos los esquemas desde Covadonga hasta aquí o haber llegado al desguace de la universidad

P. ¿Qué aspectos de la ley eran y siguen siendo irrenunciables desde su punto de vista y Sobre los que no caben grandes modificaciones de aquí hasta el Pleno o hasta su definitiva aprobación?

R. Son varios: por una parte, el planteamiento de un gobierno de la Universidad en el que se dé una participación real de la sociedad, lo que está recogido en el consejo de universidad que en el primitivo proyecto iba a llamarse consejo social. De otra parte, el que se posibiliten los contratos de las universidades con otras entidades públicas y privadas, que en definitiva, incide en el mismo propósito. Por otra parte, y esto es algo en lo que he ínsistido constantemente antes y durante el debate de la ley en comisión, es evidente que lo que estaba en juego en esta ley era la autonomía de la universidad respecto de todos los poderes públicos.

Finalmente, el sistema universitario debería tener una coherencia absoluta para que pueda haber un mínimo de programación general que evite los despilfarros y, sobre todo, para que se garantice que no van a producirse discriminaciones entre los alumnos, el profesorado y el personal no docente de las universidades de todo el territorio del Estado.

P. La regulación de todas las cuestiones relacionadas con el profesorado había provocado también bastantes suspicacias antes de la discusión del proyecto en la Comisión de Universidades.

R. Nadie que tenga un mínimo conocimiento de los problemas de la universidad española podía negar la necesidad de un cambio en el sistema de selección del profesorado. Creo que la ley da un paso muy importante en este sentido, no sólo al propiciar la equiparación de de rechos entre los profesores de los cuerpos del Estado y el profesora do contratado, sino también al modificar sustancialmente el sistema de selección. La sustitución del sistema de oposiciones por el de la habilitación del profesorado del Estado y su selección posterior por las propias universidades, contra lo que se ha dicho, no supone reducir las garantías de calidad de los docentes. Muy por el contrario, se va a producir un doble control de esa calidad, porque las universidades tendrán que establecer en sus propios estatutos las condiciones en que van a contratar a su profe sorado. Lo que sucede es que probablemente lo que_más les duele a algunos es que vayan a acabarse las posibilidades de nepotismo de algunos santones de la Universidad y de ciertos grupos de presión.

P. Curiosamente, la cuestión de las universidades privadas provoca, aunque claro está que por diferentes motivos, la susceptibilidad de la derecha y de la izquierda.

R. Sí, y pienso que habría que quitarle toda la carga de irritabilidad que este tema despierta. La ley reconoce el derecho de las personas físicas a crear universidades, que hasta ahora sólo se le reconocía a la Iglesia. Lo primero que tendría que hacer la izquierda es no olvidar este detalle.

Desde la derecha, el problema no es si se facilita o no la posibilidad de creación de universidades privadas, sino que lo que desean es que esas universidades privadas las pague el Estado. A eso es a lo que yo me opongo en principio, porque en nuestras circunstancias, establecer la obligación de que las universidades privadas sean subvencionadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado es absolutamente inadmisible, cuando todavía no son gratuitos los otros niveles de la enseñanza y cuando la situación de la universidad pública es tan precaria. Lo que nome parece honesto es que también aquí se utilice el pretexto de la libertad de enseñanza.

En cuanto a la postura de la izquierda, me parece un tanto maximalista pedir que se prohiban terminantemente las subvenciones, y, por otra parte, si la ley fija los requisitos y condiciones que habrán de reunir las universidades privadas para su reconocimiento, no creo que sea una fórmula tan negativa como se ha dicho el que este reconocimiento se haga por el Gobierno y no por el Parlamento