Asesinatos políticos en más de 30 países, según Amnistía Internacional
Según el informe anual para 1980 de Amnistía Internacional, la organización mundial que defiende los derechos humanos, publicado ayer en inglés, numerosas personas fueron asesinadas por fuerzas gubernamentales o ejecutadas por razones políticas en más de treinta países.Jose Zalaquett, presidente del comité ejecutivo internacional de la organización, escribe en el prefacio que el número de víctimas de ejecuciones y asesinatos políticos de que queda constancia «es motivo de la preocupación mas grave y apremiante. El término "desaparición", que ha adquirido un significativo nuevo y oscuro, ha entrado en el vocabulario del periodismo y la ciencia política», añade.
El informe, de más de cuatrocientas páginas, está organizado por áreas geográficas, con estudios particulares de 110 países, durante el período del 1 de mayo de 1979 hasta el 30 de abril de 19,80.
Hablando de España, Amnistía Internacional considera que, durante el período examinado, «España no ha mantenido el progreso de los últimos años en la protección de los derechos humanos». Recuerda las conclusiones de su reciente informe sobre España, en el cual se alegaban torturas a presos incomunicados. El informe critica asimismo la ley sobre objetores de conciencia de enero de 1980, señalando que dicha objeción sólo es admitida si se basa en convicciones religiosas o éticas.
Amnistía Internacional considera insatisfactorio el servicio civil alternativo, durante el cual no se pueden llevar a cabo actividades políticas ni sindicales. La organización destaca asimisirio los casos de Juan Luis Cebrián, director de EL PAIS; Miguel Angel Aguilar, y Pilar Miró, como ejemplos de graves afrentas contra la libertad de expresión.
Según el informe, la situación es sumamente preocupante en América Latina, especialmente en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Paraguay, destacando también las brutalidades a que se ven sometidas algunas minorías étnicas en Estados Unidos.
Amnistía Internacional está preocupada por las consecuencias de las leyes antiterroristas en la República Federal de Alemania, Francia, Italia e Irlanda del Norte, y destaca la carencia de aplicación de los derechos humanos en Europa oriental.
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