No hay acuerdo entre Campsa y las refinerías para la liquidación de una presunta deuda de 84.000 millones

El pasado 30 de noviembre finalizó sin acuerdo el plazo fijado por el ministro de Hacienda ante los presidentes de las refinerías españolas; para decidir sobre la cantidad que les adeuda Campsa y la forma de pago. Desde entonces se han sucedido sin éxito numerosas reuniones entre los representantes del refino de Campsa y de la Delegación del Gobierno en la compañía del monopolio. En los últimos días, incluso, parecen haberse endurecido las posturas respectivas. Los dirigentes de las refinerías exigen que, al menos, se les reconozca la deuda por el Estado, mientras que círculos próximos al Monopolio de Petróleos consideran «muy discutible» la cifra demandada de 84.000 millones de pesetas de atrasos.En relación con la cantidad adeudada por Campsa a las refinerías -tanto públicas como privadas-, medios bien informados próximos al monopolio de petróleos han declarado a EL PAIS que «es un tema muy discutible, derivado de un sistema de valoración que ha quedado superado por los profundos cambios operados en la industria del petróleo a escala internacional y que obligan a reconsiderar seriamente en qué forma el subsector español del petróleo debe evolucionar hacia nuevas fórmulas de funcionamiento. Afirmar que el monopolio de petróleos», añaden las citadas fuentes, «adeuda a las refinerías 84.000 millones de pesetas es algo incierto y probablemente muy superior a lo que después acaba resultando en la realidad».

Algunos medios oficiales denuncian la «situación obsoleta» en los modos de hacer del sector y predican un «cambio profundo en la regulación del sisterna de aprovisionamientos, que pueda asegurar suministros más estables y a un mejor precio, y que establezcan un sistema de fijación de precios que premie la buena gestión y penalice la mala». Tal cambio debería permitir -según ellos- reducir sustancialmente las necesidades de financiación de los circulantes de las refinerías, lo que aliviaría la presión de estas sociedades sobre los mercados financieros y la eliminación de las complejidades innecesarias y controversias a que da lugar hoy la fijación de precios de los productos adquiridos por el monopolio de petróleos.

Las refinerías no pudieron abastecernos en 1.979

El origen de esta dura polémica parece residir en la diferencia de criterios sobre la actual fórmula de precios, mediante el cual el mono polio de petróleos calcula los pre cios pagados a las refinerías por sus entregas de productos. Esta fórmula, que data de 1971, parece haber funcionado bien en años de normalidad del mercado, pero ha presentado grandes dificultades al producirse fuertes perturbaciones en el mercado petrolero mundial, especialmente en 1979 y 1980.Las fuentes próximas al monopolio aducen, además, que «se ha roto la disciplina en cuanto al nivel de participación de las empresas de refino en la responsabilidad de adquisición de los crudos necesarios para atender la demanda del mercado interior y en cuanto al correcto cumplimiento de los programas de entrega de los productos al monopolio, de acuerdo con el Prograrna Anual de Combustible».

La «reducida dimensión económica de las refinerías» y su escasa o nula integración en los circuitos mundiales del petróleo» son las causas señaladas por fuentes del Monopolio, que impiden garantizar el suministro de crudo en años de crisis. En este sentido, el Ministerio de Comercio tuvo que importar en 1979 cuatro millones de toneladas de crudo del mercado libre, y Campsa compró, en el mismo año, un millón de toneladas de productos petrolíferos terminados para evitar el desabastecimiento del mercado interior. Este recurso apresurado al mercado libre -España y Suecia fueron los países que más recurrieron en 1979 a él- ha supuesto un extracoste de 20.000 millones de pesetas más.

"Sí seguimos sin cobrar, acabaremos por no tener crudo"

Los representantes de las refinerías, consultadas por EL PAIS, han lamentado la competencia que el Estado les hace en la captación de crudos y han desmentido que se produjeran, en algún momento, problemas de desabastecimiento de crudo. La unión de las refinerías privadas dispondría de una capacidad de refino superior a los veinte millones de toneladas, lo que supone la mitad del total de España, y bastaría -según las mismas fuentes- organizar una central de compras en Aserpetrol (Asociación de Refinerías) para salir juntos y con fuerza al mercado mundial. «Lo importante», según los directivos del refino, «es conocer la política de compras de crudos del Estado para saber a qué atenernos. Hasta ahora nunca ha faltado suministro», señalan las mismas fuentes, «y no es justo que nos culpen a nosotros de incumplimiento en este sentido. Sin embargo, si seguimos descapitalizando a las empresas de refino, debido a los retrasos de Campsa en el pago de sus deudas, acabaremos, desde luego, por no tener crudo».La reclamación de las refinerías se reparte en 24.000 millones de pesetas, correspondientes a atrasos de 1979, que tenían que haber liquidado en agosto pasado, 20.000 millones más por el período enero-septiembre de 1980, y 40.000 millones por el llamado «efecto pistón» (diferencia del precio del crudo entre el momento en que se compra y aquél en que se cobra de Campsa, tres meses después).

En cuanto a la fórmula que deberá utilizarse para fijar los nuevos precios, continúan sin acuerdo las negociaciones. Esta nueva fórmula contemplará la revisión automática de los márgenes de refino, del transporte y del coste del producto, además del impuesto correspondiente.

Una de las causas de la «tacañería» de Campsa a la hora de pagar sus deudas reside en la falta de liquidez permanente, que, según los dirigentes del refino, padece el monopolio, debido a que el Ministerio de Hacienda suele pasar el rasero fiscal casi a diario.