La Prensa pública es una competencia desleal, según Pedro J. Ramírez

«La Prensa pública constituye una competencia desleal en perjuicio de los medios de comunicación privados y de todos los ciudadanos», dijo el pasado miércoles Pedro J. Ramírez, director de Diario 16, durante su intervención sobre los periódicos estatales, dentro de las jornadas sobre medios de comunicación social que se están celebrando organizadas por el Consejo Regional de Murcia. Ramírez dijo que no propugna un cierre fulminante de la antigua cadena del Movimiento, sino «la devolución a la sociedad de lo que a la sociedad pertenece», puesto que «el Estado no es quién para interferir irregularmente el mercado».Añadió que esa cadena «se constituyó mediante el expolio y la rapiña contra los legítimos dueños de una serie de periódicos que se editaron durante la II República» y que, aunque en ellos ha habido y sigue habiendo profesionales honestos, «han sido y siguen siendo una cueva de ladrones».

Entre las posibles soluciones que enumeró figuran los ensayos de autogestión donde sea posible, la devolución a sus legítimos propietarios de redacciones y cabeceras y, la subasta en otros casos, definiéndose como «radicalmente contrario a la regionalización», ya que «la Prensa del Gobierno seguirá siendo del Gobierno tanto si depende del Gobierno central como si depende del Gobierno regional».

El corresponsal volante de Televisión Española Eduardo Sancho, que junto al redactor de Diario 16 y secretario del sindicato de Prensa de UGT en Madrid, Carlos Pérez, intervino sobre el mismo tema, indicó que «el Estado español no puede conservar por más tiempo la titularidad de los llamados Medios de Comunicación Social del Estado», pero que, sin embargo, no puede desentenderse de la herencia de éstos. Propuso la autogestión en algunos, la subasta en otros casos y el cierre donde no haya mejor solución.

Carlos Pérez subrayó que la desaparición de los Medios de Comunicación Social del Estado es anticonstitucional, puesto que el primer texto legal español prevé que se sometan a control parlamentario, aunque añadió: «Creo que la suerte está echada y que los MCSE van a desaparecer».