Paralizadas las obras de la urbanización Family Club, en Fuenlabrada

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha ordenado la paralización de todas las obras en construcción en la urbanización Family Club, cuyos proyectos recogían inicialmente la construcción de 11.500 viviendas, como medida cautelar ante el expediente incoado el 23 de abril de este año por «incumplimiento reíterado de los promotores de la urbanización y el abandono de la misma, en la que actualmente habitan quinientas familias», según informa el alcalde de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha.Las mismas fuentes añaden que la urbanización Family Club fue promovida por el grupo Proconfort, SA, quien, en 1973, consiguió licencia para levantar 11.500 viviendas en suelo rústico. Posteriormente, la licencia quedó reducida a 8.000 viviendas, a requerimiento del Gobierno Civil y de Coplaco.

En la actualidad, se encuentran terminadas seiscientas viviendas -quinientas de éstas están ocupadas por otras tantas familias-; en construcción avanzada hay 5.500 y sin comenzar 2.400. El día 29 de marzo de 1979 (cuatro días antes de que se celebraran las elecciones municipales) la Corporación aprobó un proyecto de remodelación que debía ser ratificado por Coplaco, aunque hasta el momento no se ha pronunciado.

Este proyecto es considerado «inaceptable» por el actual alcalde, Manuel de la Rocha, por considerar que se aprobó de «manera irregular y sin informe técnico alguno». Por ello, la Corporación ha pedido a Proconfort, SA, un nuevo proyecto de reordenación que se atenga a la legislación urbanística en vigor y que recoja aspectos básicos tales como la garantía de abastecimiento de agua, estación depuradora, cesión de terrenos al Ayuntamiento para equipamiento público, cesión inmediata de suelo para que el Ministerio de Educación construya un colegio de EGB, resolución urgente del alumbrado en la zona habitada, cuidado y garantías higiénicas del depósito de agua potable y, entre otras cosas, el cierre y vallado de toda la zona que se encuentra en obras.

Manuel de la Rocha asegura que es éste el mayor problema que tiene ahora el pueblo y que para conseguir una solución a corto plazo -la negociación la considera agotada- está dispuesto a proponer al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) que aplique el procedimiento de expropiación-sanción previsto en la ley.