El Consejo del Poder Judicial busca criterios objetivos y no políticos para el nombramiento de magistrados

Apenas transcurrido un mes desde su constitución como poder del Estado, el Consejo General del Poder Judicial se enfrenta al doble reto de poner en funcionamiento unas normas objetivas y públicas que sustituyan a los antiguos criterios secretos y discrecionales utilizados en el nombramiento de los cargos judiciales y de elaborar un plan de gran alcance que ponga coto definitivamente a los males de la Justicia española, parada en el siglo XIX, en opinión del propio ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez.

Desde que entró en vigor la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, y transitoriamente hasta que se promulgue la ley orgánica del Poder Judicial, el antiguo criterio de especial idoneidad, en el que podían tener cabida facetas políticas, ideológicas o morales del interesado, ha sido suprimido legalmente, como requisito indispensable exigido a los miembros de la carrera judicial para ascender de una categoría a otra y para desempeñar cargos de responsabilidad o de representación. La nueva y transitoria normativa, hasta tan sea establecida la definitiva por la ley orgánica del Poder Judicial, señala requisitos legales y obligatorios para el nombramiento de presidentes de audiencias provinciales, presidentes de sala y jueces decanos de Madrid y Barcelona, pero deja un amplio margen de discrecionalidad para el nombramiento de otros cargos, incluidos los presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, así, como los presidentes de las audiencias territoriales, si bien dentro de un marco de mayor objetividad que en el antiguo sistema. De todos modos, en uno y en otro supuesto se exige un informe previo de la Sección de Calificación del Consejo General del Poder Judicial, que, en caso de ser desfavorable, «deberá basarse en causas concretas y objetivas que consten en los antece:dentes que obren en poder del Consejo General».

Preocupación por los "antecedentes"

La preocupación de que estos antecedentes no sean otros que los confeccionadas durante largos años por la antigua Inspección de Tribunales, con criterios ocultos, y en base a los informes también secretos remitidos por los presidentes de las audiencias territoriales, es fácilmente detectáble en determinados medios judiciales, aunque el propio Consejo General del Poder Judicial anunciase, hace dos semanas, que «no serán tomados en cuenta» los antecedentes que tengan su origen «en conductas reaLzadas con motivación política». En los citados medios judiciales no se desecha la posibilidad de que estas fichas antiguas, incompletas y en algunos casos falsas, puedan seguir siendo utilizadas mientras no se establezca un nuevo sistema de promoción, basado en datos objetivos, públicos y legalmente establecidos.En esta situación, más cercana a la objetividad que el sistema de especial idoneidad del franquismo, pero todavía poco definida, el Consejo General del Poder Judicial ha procedido en las últimas semanas al nombramiento de un magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,y del presidelite de la Audiencia Provincial de Huesca. En estos momentos están pendientes los nombramientos del presidente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo, que corresponde al tercio de juristas, y los de cinco presidentes de audiencias provinciales. En lo que se refiere a los nombramientos que corresponden al tercio de juristas, el Consejo General del Poder Judicial, según ha informado a EL PAIS una fuente próxima al mismo, «tiene la intención de llevar al Tribunal Supremo a los juristas de mayor nivel científico del país».

Oportunidad histórica

Respecto al tema del funcionamiento de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, ségún la misma fuente, es consciente de «hallarse en una oportunidad histórica irrepetible para ahondar en los problemas de la justicia y hacerla operativa», si bien también es consciente de que poco podrá hacer si el poder ejecutivo no aporta los medios materiales necesarios y el legislativo no tiene en cuenta las necesidades de personal en la futura ley que fije la planta de los juzgados y tribunales. La promesa hecha por el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, de devolver al Consejo General del Poder Judicial la visita que el presidente de este organismo, Federico Carlos Sainz de Robles, le hizo en la Moncloa a raíz de su nombramiento, es interpretada como un signo de la buena predisposición del Ejecutivo hacia el órgano de gobierno del Poder Judicial y de su voluntad de no regatear los medios materiales y económicos que se necesiten para poner en marcha un futuro plan para un mejor funcionamiento de la Admínistración dejusticia española.Mientras toma posición sobre estos temas de fondo, el Consejo General del Poder Judicial no rehúye e ntrar en los conflictos del momento que surgen en el área de su competencia, con el fin de encontrar soluciones, como es el caso de la huelga de celo de los magistrados de Trabajo. El Consejo General ha iniciado gestiones para encontrar una salida a la situación y ha hecho público su «propósito indeclinable de establecer las medidas precisas para que se superen los deterioros existentes.