Siete dirigentes del PSA pueden ser expulsados del partido por discrepar con Rojas Marcos

La comisión permanente del Partido Socialista de Andalucía (PSA) estudiará mañana en Córdoba una propuesta del secretario general, Alejandro Rojas Marcos para que se adopten medidas disciplinarias contra siete miembros del comité ejecutivo, a quienes se acusa de,po ner en peligro la unidad interna de los nacionalistas y constituir una fracción dirigida a sustituir al propio Rojas Marcos en su cargo, según pudo saber EL PAIS en distintas fuentes dignas de crédito. Las medidas podrían consistir en su separación del ejecutivo o, más drásticamente, en su expulsión definitiva del PSA.

Los siete miembros en cuestión ocupan cargos de gran relieve dentro de la dirección del partido. Se trata de los secretarios políticos provinciales de Granada, Francisco Torres; Cádiz, Antonio Ibáñez; Huelva, Manuel Pérez Blanco, y Sevilla, José Antonio Sainz-Pardo; el secretario de política autonómica y viceconsejero de medio ambiente de la Junta de Andalucía, Ladislao Lara; el secretario de política sindical, José Luis González Caballo, y el de acción política, Pedro Ruiz Morcillo.La iniciativa disciplinaria supondría la salida a la luz pública de la crisis que viene sufriendo el PSA desde la votación de confianza en favor del Gobierno Suárez, en septiembre pasado, aunque sus raíces provienen de actuaciones anteriores de Alejandro Rojas Marcos. Lo que sí es cierto es que se trata del problema interno más importante que ha aquejado al PSA desde las primeras elecciones generales de la democracia, en junio de 1977.

Fuentes próximas a Rojas Marcos, que no pudo ser consultado ayer por este periódico, estiman que la actuación de este grupo de dirigentes del PSA ha sido completamente intolerable en las últimas semanas, llegando a constituir una auténtica fracción en el seno del partido, que pugna por hacerse con el poder en el tercer congreso, a celebrar en enero de 1981. Las acusaciones se basan en el mantenimiento de contactos y reuniones en diversas provincias, fuera de los cauces orgánicos y en actuaciones públicas -en especial, el mitin de Granada el 9 de noviembre-, en que se ha cuestionado abiertamente la figura del actual secretario general y su apoyo a Suárez en la fenecida vía del artículo 144 para el desbloqueo del proceso autonómico andaluz.

Por el contrario, en medios cercanos a los siete dirigentes nacionalistas en trance de sanción, se asegura que el único objetivo de sus actividades es conseguir que el tercer congreso suponga la decantación de la estrategia y táctica del partido en una línea inequívocamente nacionalista y de izquierda y, de forma especial, en el funcionamiento de los órganos colegiados por encima de decisiones personalistas de Rojas Marcos y un pequeño grupo de miembros de la dirección, como fueron precisamente las que se adoptaron durante el debate de la cuestión de confianza.

Democratización interna

De hecho, durante el mes de octubre, el grupo disconforme planteó a Rojas Marcos la necesidad de proceder a esta democratización interna y a asegurar la preponderancia de los mecanismos colegiados sobre las decisiones individuales («abandonar ese esquema de que los militantes están para pegar carteles y tratar de justificar lo que se decide por arriba», se indicaba ayer a EL PAIS), ofreciéndole, no obstante, su continuidad en el cargo de secretario general. La respuesta de éste fue absolutamente negativa, haciendo aprobar al comité ejecutivo, reunido a primeros de noviembre, la proposición a la comisión permanente de que se sancione al grupo de los siete.Al propio tiempo, los siete encartados han sido prácticamente relegados, pese a su importancia política, durante la actual campaña electoral, siendo el caso más llamativo el de Sainz-Pardo, secretario general de Sevilla, absolutamente marginado de las tareas electorales que ha desarrollado el partido en esta provincia. A pesar de ello, ninguno de los siete ha querido hacer públicas sus disensiones para no entorpecer el desarrollo de la campaña.

De acuerdo con los mismos medios del PSA -que afirman su total desvinculación de la posición crítica de José Acosta en Cataluña-, la pretensión de Rojas Marcos es liquidar a las cabezas visibles de este movimiento de protesta antes de la celebración del congreso. En la propia jornada electoral del pasado jueves, la asamblea extraordinaria de militantes del PSA, en la provincia de Huelv, acordó por unanimidad dirigirse a la comisión permanente del partido -máximo órgano entre congresos-, exigiendo que se ratifique la celebración del tercer congreso en enero y que se aplace cualquier medida disciplinaria hasta este acontecimiento, según informa el corresponsal de EL PAIS en Huelva, Alfonso González.

La primera petición obedece al temor de los militantes onubenses a que el grupo de Rojas Marcos posponga la convocatoria del congreso, para el que no ha aparecido todavía ningún documento de debate.