La izquierda acusa al Gobierno de no tener voluntad real para luchar contra el desempleo

Los grupos Socialista y Comunista acusaron al Gobierno, en el debate de los presupuestos de los ministerios de Trabajo e Industria, de no desear realmente acabar con el desempleo ni tener una política contra el paro. El socialista Javier Solana dijo del Gobierno y de la derecha en general que pretenden utilizar el paro para quebrantar a la clase trabajadora, y así poder reestructurar a su gusto la economía del país. Ambas secciones presupuestarias fueron, siguiendo la tónica habitual, aprobadas.

Solana defendió la enmienda de su grupo a la totalidad de la sección del Ministerio de Industria y Energía, tratando de demostrar que no hay una política industrial seria, sino que el deseo de realizarla es sólo «de boquilla». Concretamente advirtió que para el gran problema de los sectores en crisis sólo se dedican 13.000 millones de pesetas, que es incluso menos que la cantidad de 1980. Recordó que sólo los sectores naval y siderúrgico pueden perder este año 30.000 millones, y afirmó que cuando los sindicatos, especialmente UGT, intentan negociar una salida a la crisis se les niega esta negociación.Expresó su temor de que «el Gobierno y la derecha piensa que cuando peor se ponga todo va a ser mejor para sus fines, que son reestructurar la economía cuando la clase obrera esté totalmente debilitada. Llevamos ya cuatro ministros de Industria diciéndonos que hay que reestructurar la industria, y no se hace».

Calificó de provocación lo que se ofrecía para la siderurgia, y entró a continuación en el análisis de la inversión prevista para 1981 por el Instituto Nacional de Industria (INI), que, según sus cálculos, no llega a crecer un 17%, cuando la total del presupuesto es del 26%. Excepto en el capítulo de energía, el resto; es decir, la industria, disminuye su inversión globalmente en un 2%. El sector naval baja un 35%, el de alimentación, el 35%, y el de electrónica se mantiene, cuando el propio ministro de Industria dijo que el Gobierno había apostado en estos dos últimos sectores.

«Ustedes nos quieren llevar a la ruina económica, y eso no lo vamos a consentir los que representamos a los trabajadores», afirmó Javier Solana, quien añadió que el Gobierno pretende asimismo denigrar a la empresa pública. «No voy a atribuir esta política a la perversidad de la clase dirigente, pero sí digo que utilizan el paro y la crisis para debilitar a la clase obrera, con la esperanza de que podrán reestructurar así este país a su gusto. Insisto en que no vamos a permitir esa política suicida».

Bayón y Martín Oviedo responden al PSOE

El diputado socialista fue respondido por el centrista José María Martín Oviedo y el propio ministro de Industria, Ignacio Bayón. Martín Oviedo tachó las propuestas socialistas de inconvenientes, incoherentes y demagógicos. Recordó que el PSOE quiere subir la dotación de Industria en 55.000 millones, y afirmó que las inversiones del INI aumentan en un 25 %, y no en un 17%. En cuanto a la reestructuración industrial requirió realismo de todas las partes interesadas, no sólo del Gobierno, y afirmó que lo que los socialistas desean es socializar la economía, y en eso, naturalmente, no está de acuerdo UCD.El ministro de Industria indicó que sí existe política industrial cuyos objetivos son disminuir la dependencia energética y tecnológica y atender a la reestructuración industrial y reimpulsar la economía.

Sobre la energía afirmó que en 1981 se invertirá un 35% más en ella, mientras la investigación tecnológica tendrá cinco veces más recursos. En cuanto a la reestructuración industrial manifestó que se trata de atribuir el protagonismo a los propios interesados, aunque con el apoyo del Estado expresado en créditos, en exenciones fiscales, negociaciones para la reestructuración de varios sectores y otras medidas de este tipo.

Por último, pidió que, para entender el papel del Ministerio de Industria en la reactivación económica, se tenga en cuenta que no se trata propiamente de un departamento inversor, sino generador de actividad, aunque con un importante instrumento de inversión, que es el INI. «Pero el presupuesto no es el único instrumento reactivador; existen también, por ejemplo, los créditos, que van a crecer en un 100%, y la incentivación, que crece un 25%». En cuanto a la cifra de inversión del INI, la calculó en un 27%, contra el 17% estimado por Solana y el 25 % del propio centrista Martín Oviedo.

El diputado socialista replicó que, contra lo que dice el ministro, para la reestructuración de la siderurgia se está pidiendo a la clase obrera de este sector la congelación de salarios, lo que calificó de provocación, mientras se trata de imponer limitaciones salariales. En cuanto a la polémica cifra de inversión del INI, insistió en que sus cuentas le daban un 17% de aumento.

De nuevo, Ignacio Bayón tomó la palabra para afirmar que sólo haciendo descender los costes salariales se puede sanearla economía, y en cuanto al INI dijo al diputado socialista que los datos que utilizaba debían ser viejos.

Gregorio Peces-Barba, secretario del grupo del PSOE, intentó una nueva réplica y, aunque el presidente no le dio la palabra, pudo decir que los datos por ellos manejados procedían del propio Ministerio de Industria.

El Ministerio de Trabajo y la lucha contra el paro

El socialista Joaquín Almunia y el comunista Antonio Monserrat pidieron la devolución del presupuesto del Ministerio de Trabajo, insistiendo ambos en que no existe una verdadera política contra el paro. Almunia destacó que el 93% de este presupuesto se destina al Instituto Nacional de Empleo y al Fondo de Protección del Trabajo, sin explicar el destino de esos fondos ni permitir un control de los mismos por las fuerzas sociales.Almunia afirmó que no existe una política global de lucha contra el paro en el Ministerio de Trabajo ni se ha explicado nada al respecto. Aseguró que el déficit de la protección al desempleo puede llegar este año a 100.000 millones de pesetas, que tendrá que Financiar la Seguridad Social, por falta de previsión y cálculos erróneos. Calificó esta situación de inaceptable, e ilegal, y dijo que con el proyecto de Presupuestos el problema continuará el año próximo, posiblemente agravado.

Por su parte, Monserrat subrayó que el Gobierno mantiene ante el desempleo una política pasiva, de instalación en la crisis, ya que la existencia de una verdadera lucha contra el paro sólo sería creíble si se explicitaran medidas contra la pérdida de puestos de trabajo, de apoyo al desempleo y de fomento de la creación de puestos.

El centrista José Luis Moreno replicó que no existe tal inconcreción en el destino de los fondos, porque su distribución será aprobada por el Consejo de Ministros, el cual a su vez puede ser controlado por el Parlamento. Tomando al revés el argumento socialista de que el 80% del presupuesto de Trabajo tiene relación con el empleo, insistió en que este problema está en primerísimo lugar. A ello replicó Almunia diciendo que sigue sin explicarse dónde van los fondos y sin asegurarse su control.

El ministro de Trabajo, Félix Pérez Miyares, explicó las funciones de su departamento, afirmando que consisten en estabilizar y favorecer el empleo, propiciando la existencia de un buen clima laboral, la racionalización del trabajo, la prestación de asesoramiento y otras tareas semejantes. Negó que el fondo de protección al trabajo fuera un fondo de saco, ya que sus objetivos son el apoyo de cooperativas, reestructuraciones, créditos e integración de minusválidos en el trabajo, entre otros.

En cuanto al Instituto Nacional de Empleo, manifestó que en los casi 300.000 millones de pesetas que tiene asignados se destinarán a financiar objetivos tales como gestionar el reconocimiento del derecho a las prestaciones, aumentar la cobertura de la formación profesional, establecer conciertos con organismos autónomos y ayuntamientos, para fomentar el empleo temporal, y lucha contra el fraude en la prestación del desempleo.

En la última parte de la sesión, el socialista Donato Fuejo pidió la devolución del presupuesto del Ministerio de Sanidad, afirmando que, como en otros casos, se pretende disminuir el salario social para permitir mayores beneficios, de modo que las prestaciones sociales siguen estando por debajo de los niveles del resto de Europa.