Parlamentarios navarros proponen que no se pague el "impuesto revolucionario"

La Comisión Especial de Derechos Humanos del Parlamento Foral de Navarra ha aprobado una propuesta de resolución, que será enviada al Pleno, en la que se pide al pueblo navarro, particularmente a los que se ven afectados por el impuesto revolucionario exigido por ETA, que se nieguen a contribuir, facilitando y denunciando cuanta información posean sobre su caso. Del mismo modo, la comisión aprobó un texto en el que se exige al Estado «la firme disposición de cuantas medidas policiales y penales sean procedentes, al objeto de lograr una definitiva erradicación del llamado impuesto revolucionario ».En el preámbulo de la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos se asegura que como consecuencia del chantaje que supone el impuesto revolucionario, han sido numerosas las familias que han tenido que abandonar Navarra, a la vez que esta práctica está incidiendo negativamente en la coyuntura económica de la provincia. El acuerdo fue adoptado, con los votos favorables de UCD, PSOE y Grupo Mixto (el representante del UPN tuvo que ausentarse de la sesión debido a lo avanzado de la hora), los votos en contra de Amaiur y Herri Batasuna y la abstención del PNV, grupo que, aun cuando estaba. de acuerdo con el tema, era partidario de que se eliminasen ciertas frases, «con el objeto de quitar hierro al tratamiento », según informó ayer el portavoz de la comisión, el parlamentario Javier Asiaín (PSOE).

Derechos del detenido

Por otro lado, y por lo que respecta a la asistencia de letrado al detenido, la Comisión de Derechos Humanos aprobó, con las abstenciones de HB y Amaiur, dirigir un escrito al presidente del Gobierno con el fin de solicitar del Gobierno que, haciendo uso de la iniciativa legislativa que le reconoce la Constitución, presente a las Cortes, en el plazo más breve posible, el correspondiente proyecto de ley por el que se desarrolle el apartado tres del artículo 17 de la Constitución, en el sentido de añadir el derecho de asistencia de letrado, al derecho de defensa que asiste a todo detenido o preso. El acuerdo de la comisión hace también referencia a un escrito enviado al Gobierno por Amnistía Internacional sobre supuestas prácticas de malos tratos a los detenidos.