La banca sugiere una liberalización total del sistema financiero y no sólo de los depósitos

El informe que la Asociación Española de Banca (AEB) ha presentado al Ministerio de Economía y Comercio, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAIS, plantea un sí condicionadoa la liberalización del sistema financiero, ya que, a juicio de los autores del documento, «la liberalización pura y simple de los tipos de interés pasivos a plazo inferior a un año no puede de ninguna manera ser considerada como alternativa razonable, ya que provocarla inexorablemente una elevación del coste del pasivo, por lo menos a corto plazo», señala textualmente el mencionado informe.

Con la recepción de este informe, el Gobierno ha cerrado la que podría ser calificada como etapa de consultas previas antes de someter las posturas de las tres partes afectadas -banca privada, cajas de ahorro y Banco de España- a la discusión pertinente, que desembocará previsiblemente, en un plazo que algunos medios estiman que será del orden de un mes, en un conjunto de medidas para reformar el sistema financiero. El contenido liberalizador de los tres informes es bastante acusado, aunque el que introduce mayor número de matices y consideraciones globales es el bancario, cuya elaboración ha sido el fruto de un amplio debate, principalmente entre las siete grandes entidades de crédito, que ha cristalizado en una postura unánime de los órganos directivos de la AEB, según informaciones diversas recogidas en medios del sector.

Diez matices

El informe bancario plantea diez matices a la pretendida reforrma liberalizadora, señalando que tal reforma «sólo podrá ser considerada como alternativa razonable si se toman, de manera simultánea, las medidas siguientes: »La banca sugiere que la liberalización de los tipos pasivos deberá ser limitada a plazo comprendido entre los seis y los doce meses (actualmente son libres por encima de los doce meses) y para un determinado importe mínimo, por debajo del cual no debería existir tal libertad. En algunos medios se ha sugerido la cifra de las 750.000 pesetas, por encima de las cuales habría intereses libres para los depósitos.

Las instituciones financieras reclaman el aseguramiento de la deuda pública a medio plazo para cubrir el déficit del Estado para evitar el recurso del Tesoro al Banco de España y la emisión de deuda pública a corto plazo. Esta petición contrasta con la sugerencia del Banco de España, partidario de la emisión de deuda a corto plazo.

En caso de que se decida emitir deuda a corto plazo, los bancos piden que sea, a precios de mercado y con la. misma mecánica que hoy se colocan los certificados de depósitos y los bonos del Tesoro.

Se exige también la cancelación de los pagarés del Tesoro al cierre de cada ejercicio, e inclusión de su importe en la emisión de deuda pública del ejercicio siguiente, a medio plazo.

El descuento

En materia de activos, los bancos solicitan «el ajuste a la realidad de los tipos de intereses activos a menos de un año, quedando libres las comisiones, a fin de clarificar el coste del descuento comercial». Esta postura difiere radicalmente de la del Banco de España, partidario de comisiones fijas y tipos de interés libres para el descuento comercial.Se persigue la rentabilización de las inversiones obligatorias de los depósitos, de los fondos públicos y de las operaciones especiales. Es decir, la banca pretende que los coeficientes obligatorios tengan tipos de interés de mercado o, al menos, más altos.

También en materia de coeficientes, los bancos piden la progresiva sustitución de los mismos por inversiones a medio plazo, a interés de mercado y con libertad de elegir el destinatario, petición similar a la formulada por las Cajas.

Los tres puntos finales del informe muestran una actitud bastante dura (véase EL PAIS de 22 de noviembre) respecto a la disciplina, el seguro de depósitos y el tratamiento de los bancos en crisis. La AEB pide «estricto respeto» para los tipos legalmente establecidos, «sanciones rigurosas» contra los infractores, posibilidad de exclusión del Fondo de Garantía de los bancos «manifiestamente infractores y retrocesión por los titulares de los depósitos de los abonos de intereses ilegales cuando fuesen detectados» y «revisión de los criterios a aplicar a los bancos en crisis, abriendo la posibilidad no sólo teórica, sino práctica, de que los bancos con pérdidas no repuestas por los propios accionistas tengan que acogerse a la legislación general vigente».

Una decisión difícil

Este es el informe sobre el que tendrá que trabajar en las próximas semanas el Gobierno, que se añade a los de los otros dos protagonistas del sector: el Banco de España y las Cajas. Las divergencias de las tres posturas son, en algunos temas, importantes, lo que plantea una difícil salida, aunque medios oficiales han manifestado su firme proposición de llevar a cabo la reforma del sistema financiero en un plazo relativamene breve.La posibilidad de que el contenido del informe elaborado por el Banco de España sea tenido en cuenta con referencia a los restantes parece en estos momentos, de acuerdo con fuentes próximas a la Administración, bastante firme.