UCD califica de "malversación" las atenciones municipales con los mineros de Crimidesa
La asistencia del primer y segundo tenientes de alcalde del Ayuntamiento madrileño, Ramón Tamames (PCE) y Alonso Puerta (PSOE), a la manifestación del miércoles con que fueron recibidos los mineros de Cerezo de Riotirón (leer información sobre el tema Crimidesa en página 45), provocó, al término de la sesión permanente de ayer, una dura crítica de los concejales de UCD, en la que se llegó a acusar al equipo de gobierno de «malversación de fondos» por las atenciones municipales habidas con los mineros. La asistencia tampoco debió satisfacer al alcalde por cuanto, el jueves día 20, pasó una circular a todos los concejales, en la que se indica «la conveniencia de no asistir a este tipo de manifestaciones».José María Alvarez del Manzano (UCD) planteó el tema manifestando su «desagradable sorpresa por la comparecencia de los dos tenientes de alcalde en representación del Ayuntamiento» y pidió después explicaciones sobre quién autorizó actividades extramunicipales, tales como que autobuses de la EMT sirvieran para trasladar a los huelguistas o la comida que se les ofreció al día siguiente en la Junta Municipal del distrito de Arganzuela.
Comportamiento en manifestaciones
La única respuesta del alcalde Enrique Tierno a este tema fue que él mismo había enviado una carta a todos los concejales, en la que se indicaba «el comportamiento que deben de tener en las manifestaciones». El alcalde no contestó a las preguntas y acusaciones del concejal centrista y dejó que Alonso Puerta (PSOE) y Eduardo Mangada (PCE) -Ramón Tamames se encuentra en París- solventaran el problema, enfrentándose a las acusaciones de los concejales de UCD. Solamente después de varias intervenciones, el alcalde exigiría a Alvarez del Manzano que cambiara la acusación de «malversación de fondos» por otras palabras más correctas. El concejal de UCD accedió entre grandes sonrisas y tradujo la anterior expresión por «presunción de uso indebido de los fondos públicos ».Tanto Alonso Puerta como Eduardo Mangada defendieron la asistencia de los dos tenientes de alcalde a la manifestación en base a que «la llegada de los mineros es un hecho social de gran repercusión, ante el que el Ayuntamiento no puede quedar al margen y debe responder con humanitarismo y hospitalidad». Los dos se mostraron sumamente indignados por la acusación de «malversación de fondos», y Alonso Puerta añadió que la actitud hospitalaria mantenida con los mineros de Crimidesa es la habitual del Ayuntamiento con las distintas personalidades o grupos de otras ciudades que llegan a Madrid, por lo que los gastos realizados con los mineros se llevarán a la Junta de Socorro y así se dará carpetazo al tema.
Tanto Puerta como Mangada manifestaron que, en ningún momento, asistieron a la manifestacion en representación de la Corporación, sino a título individual, pero que la condición de ser concejales del Ayuntamiento no pueden dejarla en casa. Puerta concluyó leyendo unas seleccionadas líneas del editorial de EL PAIS, publicado el jueves, acerca de la manifestación, para demostrar que «un medio de comunicación que muchas veces nos hace críticas negativas, en este caso reconocía nuestro derecho a asistir al polémico acto ».
Finalmente cabe señalar que la circular enviada por el alcalde, acerca de la asistencia de los concejales a las manifestaciones, ha provocado un cierto malestar entre muchos de éstos, por considerar que la asistencia o no deberán de decidirla ellos a título individual, cada vez que asistan de forma personal a cualquier acto de este tipo.
Protesta de UCD por un viaje del delegado de Educación
Por lo demás, el orden del día de la comisión permanente no tuvo grandes temas que resolver y el grupo de concejales centristas ejerció su papel de oposición en la aprobación de dos gastos de poco más de 100.000 pesetas: la colocación de diez timbres en el equipo quirúrgico número 1, por parte de un contratista (Alvarez del Manzano argumentó que ese trabajo pueden hacerlo los talleres generales del Ayuntamiento), y un viaje realizado por el delegado municipal de Educación y un funcionario del departamento a Italia, para conocer nuevos métodos pedagógicos que se aplican en este país. UCD no aprobó este gasto por considerar que se trataba de pagar «ocho días de vacaciones al delegado y a un amiguete».
