La "libertad" de cerrar un colegio con subvención estatal

Unos titulares de EL PAÍS del pasado domingo, «360 niños de Alcalá de Henares sin clase, por decisión de los propietarios de un colegio», nos conducen a una reflexión serena sobre un aspecto importante de la enseñanza, tratado tantas veces de manera demagógica, partidista y sensacionalista. Nos referimos al tema de la subvención estatal a la enseñanza privada.El hecho citado en el artículo se refiere a un centro subvencionado al ciento por ciento, es decir, un centro donde el Estado, a través del erario público, se ocupa de los gastos de la retribución del profesorado, de las aportaciones correspondientes a la Seguridad Social y de los demás gastos corrientes del centro, personal administrativo, director, consumo de material pedagógico, etcétera. En consecuencia, a los padres de los alumnos solamente se les exige el pago de una cantidad reducida, 460 pesetas al mes, con lo cual se les garantiza un puesto casi gratuito en la etapa obligatoria de EGB.

Sin embargo, a pesar de la generosa aportación del Estado, se ve que sus derechos son muy reducidos, ya que una decisión, totalmente comprensible desde un punto de vista exclusivamente empresarial -unos herederos deciden no continuar lo que, evidentemente, para ellos es una actividad privada-, implica el cierre de un centro docente, de forma más o menos súbita, en pleno curso.

Un cierre que conlleva la interrupción del proceso educativo de 360 alumnos, proceso que tiene sus ritmos y escalones, y que depende de unas complejas relaciones pedagógicas maestro-alumno, alumno,-alumno, maestro-padre, que se van elaborando y desarrollando a través del curso escolar. (EL PAÍS de ayer informaba de la imposición de una multa de 500.000 pesetas a la dirección del centro, impuesta por el Gobierno Civil.

La contradicción que significa la existencia de la empresa privada, libre en cuanto a sus decisiones propias en relación con la marcha de la empresa, su desarrollo, aumento, reducción o cierre, una actividad que, desde el punto de vista del artículo 27 de la Constitución, debe garantizar el derecho de caca español a un puesto escolar gratuito salta a la vista. En este caso, el Estado ha confiado a una empresa privada la obligación de proporcionar a un grupo de niños el acceso a la educación, destinando fondos públicos que aseguren el cumplimiento de esta emisión casi gratuitamente. Sin embargo, la decisión privada de unos herederos termina con el cumplimiento.

El Estado exige poco

Aparte de lo que podamos objetar contra la «casi» gratuidad del servicio, ya qae existe la obligación de pagar una cuota, de por sí una violación, del derecho constitucionalmente establecido, a una enseñanza gratuita, es evidente que el Estado está delegando en una empresa privada el ejercicio de un servicio público, servicio que él mismo ejerce en un 60% de los casos, en sus propios centros estatales.

Lo sorprendente es que, a pesar del carácter público del servicio y de los fondos dedicados a subvencionar estos centros, el Estado les exige, poco, ya que continúan gozando de su carácter privado, reservando para ellos toda capacidad decisoria.

Existen ciertos mecanismos de control, como son las comisiones de control de sulbvenciones a la enseñanza privada, sobre cuyo funcionamiento se han producido preguntas en el Grupo Parlamentario ComunIsta, sin que las respuestas por parte del Gobierno hayan esclarecido mucho el panorama.

En definitiva, se puede afirmar que estas comisiones han sido constituidas en todas las provincias de España. La periodicidad de sus reuniones es muy irregular y generalmente baja. Reciben informes de la inspección de enseñanza primaria únicamente sobre los casos negativos, y su índice de investigación y capacidad sancionadora es notablemente escaso. Notablemente, cuando, según la voz popular, los casos de infracciones e incumplimientos son, por desgracia, muy frecuentes.

Concretamente, en el caso de Madrid, la comisión de control provincial, que tendrá que ver con el centro de Alcalá, no se ha reunido en el mes de septiembre, como marca la ley, para revisar la concesión de subvenciones, sino que ha esperado hasta la segunda semana de noviembre.

Quizá el caso del colegio Valle Inclán, de Alcalá de Henares, nos ayude a comprender las polémicas, excesivamente ideologizadas, sobre la «libertad» de enseñanza. En el caso en cuestión, la única libertad visible es la de la empresa privada, exenta de todo control gubernamental, a pesar de estar subvencionada al ciento por ciento, a tomar decisiones fulminantes. Y esa «libertad» ignora los derechos constitucionales de los alumnos a tener garantizada la continuidad de su escolarización.

Más contrapartidas a la subvención

Por supuesto, existen otros aspectos de la «libertad». Hay la libertad de optar por una enseñanza confesional, exclusivista, que pretende limitar la convivencia escolar, no permitiendo que se incluya a niños cuyas familias profesen distintas opiniones filosóficas, políticas o religiosas, y en cuya práctica se elimina la posibilidad de exponer a los alumnos todas estas opciones.

La pretensión más cerrada es que a este tipo de centro se subvencione al ciento por ciento con fondos públicos, sin exigirle ninguna contrapartida, dejándole en la misma libertad ideológica y empresarial que vemos en el caso de Alcalá.

Esta postura es la que hasta ahora, y sobre todo durante la discusión parlamentaria de la ley de Estatuto de Centros, ha sido sostenida por el gobierno de UCD, la FERE y la Comisión Episcopal de Enseñanza.

En cambio, la alternativa propuesta por la oposición de izquierda insiste sobre el carácter público del centro subvencionado, que debe entrar en la planificación global de los puestos escolares disponibles y aceptar condiciones de pluralismo, gestión democrática y fórmulas de admisión de alumnos muy similares a los centros estatales, como contrapartidas de la subvención.

La izquierda no se opone al sistema en sí, sino a la actual falta de control democrático sobre estos centros y de una postura de corresponsabilidad por parte de sus propietarios, conjuntamente con la Administración.

Tanto el control como la planificación del servicio, incluyendo la participación del sector privado subvencionado, se llevaría con mayor eficacia y agilidad de una forma descentralizada, a nivel de comunidades autónomas y corporaliones locales.

Una reflexión sobre estos temas es muy necesaria precisamente ahora, cuando estarnos en vísperas, o así nos lo ha dado a entender el Gobierno, de dos importantes iniciativas legislativas, la ley de Financiación de la Enseñanza y la ley de Régimen Local.