Los trabajadores de Aiscondel solicitan la urgente intervención del Gobierno

Los trabajadores de Aiscondel, SA, empresa química catalana dedicada a la fabricación de plásticos, han solicitado la urgente intervención del Gobierno, la Generalidad, partidos políticos y estamentos de todos los niveles para encontrar una solución urgente a la crisis por la que atraviesa.

Aiscondel presentó expediente de suspensión de pagos en el Juzgado número 6 de Barcelona, el pasado 4 de noviembre, con un saldo deudor de 12.444 millones de pesetas y un activo valorado en 22.427 millones. Estas cifras colocan a Aiscondel como la suspensión de pagos más importante presentada en España, después de Babcock Wilcox y Sarrió Papelera de Leiza.En un informe elaborado por el comité de empresa, se especifica que el capital social de la empresa es de 3.500 millones de pesetas, un 67% de los cuales corresponden al grupo internacional Monsanto, y el 33% restante se lo reparten el Banco Español de Crédito, el Banco Industrial de Cataluña y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y la Rioja. Precisamente, la actitud del grupo Monsanto de no aportar más capital forzó al resto de los accionistas a presentar la suspensión.

Estos, sin embargo, propusieron a Monsanto que cediese su participación, por un valor simbólico, a una sociedad integrada por la plantilla de la empresa; que se hiciese cargo de unos 5.300 millones de pesetas correspondientes a créditos concedidos o avalados directamente por Monsanto, y que la cantidad adeudada a la multinacional como proveedor de Aiscondel se aplace en condiciones ventajosas, entre otras fórmulas, para evitar la suspensión de pagos.

Monsanto se mostró de acuerdo en cumplir su parte del plan, siempre que el resto de los accionistas aceptaran sus compromisos. Consisten éstos en que Banesto y el BIC aplacen el pago de los créditos por ellos concedidos; que se logre un acuerdo con la Empresa Nacional de Petróleo (Eripetrol) -principal proveedor- para aplazar también el pago de mil millones de pesetas que le adeuda Aiscondel, y llegar a un acuerdo con las plantillas de la empresa (reducción de jornada y congelación salarial durante dos años).

Mientras se llegaba a un entendimiento con el resto de las partes, aseguran los trabajadores, Banesto se negó a aceptar la solución propuesta porque no deseaba que Monsanto pasara a manos de una sociedad sin respaldo financiero.

Tras esta decisión de Banesto, la dirección de la empresa se puso en contacto con la vicepresidencia económica del Gobierno para que intercediera ante la entidad bancaria y el socio multinacional. Al parecer, los accionistas siguen negociando para llegar a una solución, pero esta solución no llega. En Aiscondel trabajan unas 2.000 personas. Su cierre propiciaría automáticamente el de numerosas empresas químicas y talleres industriales de Cataluña y de la provincia de Huesca.