Dirigente de Unión del Pueblo Navarro, acusado de una compra irregular de bienes comunales

Concejales de la agrupación Cendea Unida (CU) del concejo y Ayuntamiento de Cizur (Navarra) indicaron ayer que pedirán la separación de todos los cargos públicos que ostenta el presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Gómara, portavoz de este partido en el Parlamento Foral de Navarra, a quien acusaron de participar en una operación de dudosa legalidad, consistente en la compra-venta de terrenos comunales en Cizur, a una empresa en la que aquél figuraba como consejero delegado, en la que confluyen graves irregularidades mercantiles y jurídicas, según pusieron de manifiesto los concejales de CU.

El concejo de Cizur, que se reunirá la próxima semana, estudiará la forma de exigir la reversión de 92.000 metros cuadrados a la empresa Zona Industrial y Urbana de Cizur, SA (Zizur, SA), valorados superficialmente en unos doscientos millones de pesetas.La complicada historia, relatada ayer por los concejales de CU, se inicia en diciembre de 1965, cuando Martín Elia presentó, en nombre de Zizur, SA, una petición al concejo de Cizur para comprar terreno comunal, destinado a crear un polígono industrial en el que se instalarían setenta empresas, con una creación de 4.000 a 6.000 puestos de trabajo.

El 18 de febrero de 1966, la Diputación Foral de Navarra autorizó al concejo la venta de 92.000 metros cuadrados, al precio de 750.000 pesetas, condicionando la venta a que la empresa realizara la urbanización y reparcelación del polígono industrial en un plazo máximo de cinco años, ya que, de lo contrario, el terreno revertiría obligatoriamente al concejo. Este punto, según los concejales de CU, todavía no se ha cumplido, a pesar de haber transcurrido quince años, por lo que entienden que los terrenos deben revertir al concejo. Un año después, en 1967, Zizur, SA, a través de su consejero delegado, Javier Gómara (que había suscrito diez millones de pesetas en acciones, de un capital social de 64), firma ante un notario la escritura de compra de las tierras, si bien en este documento no se hace referencia a la condición impuesta por la Diputación, sobre el plazo máximo de cinco años para urbanizar el polígono, que, en opinión de los concejales de CU, es uno de los puntos claves para demostrar las irregularidades que confluyen en el caso.

El 13 de agosto de 1969, la empresa pide al concejo el cambio de polígono industrial a polígono urbano, cuestión que es aceptada por el concejo, a pesar de la negativa expresa de la Diputación, que se opone porque los terrenos comunales fueron vendidos para uso industrial y no para otros fines.

Cambio de calificación

Sin embargo, y con el cambio aprobado, el 27 de enero de 1970, Zizur, SA, comienza a construir 940 viviendas. En marzo del mismo año obtuvo una nueva licencia del concejo para otras 5.310. En la actualidad, la urbanización promovida en Cizur por esta empresa es la mayor de Navarra.Según los concejales de CU, a lo largo del extenso proceso que se inicia en la venta del terreno comunal, han existido varias irregularidades. La primera es el hecho de que el secretario del concejo, Fermín Yoldi, en el momento de efectuarse la compra-venta de los terrenos era accionista de Zizur, SA, empresa en la que poseía 4.000 acciones de mil pesetas. En segundo lugar, el concejo vendió a Zizur, SA, dos fincas por un total de 92.000 metros cuadrados, que se han estirado hasta los 164.000 metros. Según las revisiones que los concejales de CU han hecho en el catastro, a pesar de haber vendido a Zizur, SA, 92.000 metros cuadrados, el concejo tenía a su nombre fincas por una extensión de 164.000 metros, que hoy son propiedad de aquella empresa, ya que en el contrato figura una estipulación que dice textualmente: «Se comprenden en la transmisión y por el precio y contraprestaciones indicadas cuantos terrenos dentro del polígono industrial y urbano tengan la condición de comunales, aun cuando no sean expresados directamente en esta escritura».

Sobre este tema, el concejal Patxi Urrutia aseguró que «está claro que si se vendían 92.000 metros no había que poner ninguna cláusula de este tipo, porque se refería a unos metros concretos. En realidad, lo que ha sucedido es que se vendieron, por el mismo precio, más metros de los autorizados para unos fines que no fueron los iniciales».