Cien familias han conseguido vivienda gracias a la "patada a la puerta" en los últimos dos meses

La ocupación de viviendas vacías por el sistema de la patada a la puerta, fenómeno que surgió en Madrid hace cuatro años, ha experimentado un notable auge desde finales de este verano. Según cálculos aproximados, desde septiembre pasado un centenar largo de familias se ha instalado en viviendas vacías, todas ellas construidas con protección oficial, a la vez que otros 150 casos permanecen a la espera del pronunciamiento de los tribunales.

De todas formas, esos cálculos pueden quedar cortos si se considera que son numerosos los adjudicatarios oficiales de viviendas de protección oficial que se han desentendido totalmente del piso y que, por tanto, no han denunciado la ocupación. Con todo, a finales del pasado año, un millar largo de personas había conseguido alojamiento por este sistema y, tras un descenso de las ocupaciones, desde el pasado mes de septiembre, puede decirse que otras cien familias más disfrutan en estos momentos de un cobijo en el que resguardarse.Las zonas en las que este movimiento se ha hecho notar de nuevo son todas aquellas barriadas en las que la protección oficial ha levantado bloques de pisos y en las que gran parte de las adjudicaciones que se hicieron en su momento han sido olvidadas por sus beneficiarios. Aunque, eso sí, el olvido se acaba en el momento en el que se enteran de que en su piso ha entrado otra familia.

Los barrios más afectados por las ocupaciones son San Blas y Carabanchel, aunque haya otros como Moratalaz o la Ventilla en lo que continúan produciéndose ocupaciones esporádicas.

Las asociaciones de vecinos, desligadas de las ocupaciones

Este nuevo resurgimiento se está caracterizando, según cuentan sus propios protagonistas, por un desligamiento total de las asociaciones vecinales respecto al tema.Algunas entidades ciudadanas han llegado incluso a pronunciarse públicamente en contra de este fenómeno, como es el caso de la Coordinadora de Urbanismo de Palomeras -en la que se aglutinan diez asociaciones de vecinos- que se manifestó públicamente en contra de las famosas ocupaciones de General Fanjul.

Así las cosas, las familias que por diversos motivos -el paro es el más generalizado- se deciden a dar una patada a la puerta de un piso vacío, lo hacen de manera individual y con la ayuda informativa de familias. que están en su misma situación y que han renunciado, por cansancio, a hacer largas colas para solicitar una vivienda social.

Fernando Salas, abogado que que se ha encargado de la defensa de distintas familias de ocupantes explica que el resurgimiento de este fenómeno obedece en gran parte a que la Delegación Provincial de Urbanismo ha hecho muy poco de cara a solucionar el ya duro problema de la vivienda de esta ciudad.

Añade que el decreto del MOPU de 14 de abril de 1978, por el que se procedía a legalizar todas las situaciones de irregularidad en cuanto a la titularidad de la vivienda, sirvió, en un primer momento, para normalizar la situación de algunas de las familias que estaban en situación ilegal, pero que después se produjo un paro y no se trató ni una sola de las ocupaciones que afectaran a pisos de la extinguida Obra Sindical del Hogar cuando se da la circunstancia de que el movimiento afectó a casas propiedad de este organismo.

En cuanto a la acumulación de más de 150 casos en los juzgados, Fernando Salas opina que se trata de evitar una colisión de competencia por parte de los jueces, ya que «es un problema que debe resolver el Ministerio de Obras Públicas, pero que pretenden que sean los tribunales los que les solucionen el conflicto».

«Las dos sentencias absolutorias dictadas por el Juzgado de Instrucción número 19», prosigue Salas, «las interpreto como una correcta toma de postura en lo que debe ser la línea a seguir por los juzgados. Por eso, aunque las diligencias de muchos de esos casos fueron ya abiertas hace tres años, los juicios están parados, y esto puede crear un desconcierto que sólo el MOPU debe resolver».