ENASA puede llevar al Estado venezolano ante el Tribunal de La Haya

La Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA), fabricante de Pegaso y Sava, y de la que el INI es accionista mayoritario, puede llevar al Gobierno venezolano ante el Tribunal Internacional de La Haya (Holanda). El conflicto podría surgir tras la más que probable suspensión de pagos que hará ENASA en Venezuela próximamente, al no atender a varios ejecutivos que tiene pendientes, por valor de unos 1.500 millones de pesetas. El tándem ENASA-INI no está dispuesto de ninguna manera a enviar ni una sola peseta más a Venezuela.

La empresa estatal española está en Venezuela desde principio de 1979, cuando constituyó allí una sociedad mixta, Desiauto, en la que el 45% es propiedad española, y el resto, de varios grupos venezolanos. Desde aquella época, la sociedad venezolana, dedicada principalmente a la comercialización, ha conseguido el segundo lugar del mercado, aunque muy lejos del líder, Mack.Un año después, y tras haber ganado un concurso para la fabricación de motores en competencia con distintas multinacionales, ENASA constituyó en Venezuela la sociedad HIVEMCA, en la que la empresa española también posee el 45%. El resto de esta sociedad está en poder de Cavim, una empresa estatal venezolana de construcciones militares. El objetivo de HIVEMCA era la fabricación de 60.000 motores anuales a partir de 1985, de los cuales la mitad sería para el mercado venezolano y el resto para Perú, a través del Pacto Andino. El contrato fijaba el comienzo de la producción en 1980, con un porcentaje de nacionalización del 15%, para llegar al 80% en 1985.

Para la fabricación de estos motores, ENASA tuvo que realizar inversiones por un valor aproximado de unos 4.000 millones de pesetas, además de la formación del personal destinado al trabajo en la planta, al estar ésta situada en Cumaná -lugar de nacimiento del general venezolano Sánchez Acosta, presidente de HIVEMCA-, zona sin experiencia industrial.

Graves problemas con el Gobierno

Para poder cumplir su parte del contrato, ENASA fabricó durante la primavera de este año cincuenta motores, con porcentajes de nacionalización superiores al 15% estipulado. Pero, después de varios conflictos con el Gobierno de Herrera Campins -el concurso Internacional y los contratos se hicieron cuando Carlos Andrés Pérez era presidente del Gobierno venezolano-, éste decidió suspender la importación de componentes. Comoquiera que no existe fundición en Venezuela, la fabricación de los motores de doce litros de ENASA tuvo que interrumpirse.Esta situación, cada vez más tirante, ha desembocado en el punto de ruptura actual. Según ha podido saber EL PAIS, ENASA, a través de HIVEMCA, tiene pendiente dos ejecutivos desde el pasado día 1 de este mes de noviembre, además de otros que llegarán en el curso de los próximos días. Y la empresa española no está dispuesta de ninguna manera a hacerlos frente.

Con los ejecutivos pendientes, por un valor total aproximado de unos 1.500 millones de pesetas, podrían producirse tres situaciones difentes. Sin embargo, todo parece ir dicar que tarde o temprano todas ellas convergirán en una sola: la suspensión de pagos de HIVEMCA y la venta de los activos de la sociedad. Esto es lo que podría pretender el Instituto Nacional de Industria con su deseo irrevocable de no enviar más dinero a Venezuela y no hacer frente a los ejecutivos pendientes.

La suspensión de pagos, única salida probable

La primera solución al actual conflicto podría ser que los acreederes no ejecutasen a HIVEMCA, aunque tarde o temprano, y debido a la negativa de ENASA de enviar más dinero a Venezuida, acabarían por hacerlo.La secunda solución posible sería que la empresa estatal venezolana Cavim, que posee el 55% del capital de HIVEMCA, hiciera fiente por su cuenta a las deudas. Eso haría retrasar el problema, pero nunca arreglarlo mientras ENASA mantenga su decisión de no enviar más dinero.

La tercera y última solución, la más probable y la que -aunque con el paso intermedio de cualesquiera de las dos anteriores- parece como única salida del conflicto es la de la suspensión de pagos y la posterior venta de los activos de la sociedad.

Pero esta solución, que llevaría implícita la ruptura definitiva de los acuerdos firmados entre el Estado de Venezuela y ENASA -de hecho parecen haberse dado las suficientes circunstancias como para considerar rotos aquellos acuerdos-, movería a ENASA a presentar el caso ante el Tribunal Internacional de La Haya, a estar implicado en el asunto el Estado venezolano, con el escándalo mayúsculo que ello supondría.