Olarra y Crimidesa devuelven el protagonismo del orden público a las relaciones laborales

La incidencia sobre las relaciones laborales de la crisis económica supone un cierto retroceso en cuanto a la práctica negociadora que la institucionalización de las centrales sindicales, una vez desmontado el sindicato vertical y al amparo del tránsito a la democracia, parecía imponer. El encierro, acompañado en muchas ocasiones del recurso a la violencia, vuelve a situar las relaciones industriales de este país en términos propios de una crónica de orden público, con el peligroso distanciamiento de los interlocutores sociales consagrados como tales en el marco legal propiciado por la democracia.

De esta manera, una prácuca felizmente superada por el reconocimiento oficial del papel interlocutor que la propia Constitución concede a las fuerzas obreras, y en cuyo logro desempeñó un importante papel los encierros de trabajadores en las iglesias -cuando la Iglesia apostó por el desarrollo social del país-, vuelve a erigirse en noticia habitual, esta vez como medio de presión para la satisfacción de unas reivindicaciones justificadas en la crisis económica.La crónica más inmediata del revival tercermundista en las relaciones industriales podría arrancar de la acogida que la violencia ejercida por la plantilla de Nervacero encontró en la Administración, que accedió a las pretensiones obreras manifestadas mediante la ocupación del Parlamento vasco.

El entonces vicepresidente económico del Gobierno, Abril Martorell, en base a razones que llegaron a calificarse de Esiado, se dedicó de manera personal -en lo que fue su última actuación pública- a resolver el problema de Nervacero, mediante la concesión del oportuno crédito oficial, una vez que la plantilla de la empresa vasca accediera a las condiciones impuestas por el Gobierno.

En el paréntesis veraniego, es un pueblo entero, la localidad sevillana de Marinaleda, quien recurre a la huelga de hambre y al encierro acompañado de huelga general para llamar la atención del país ante la grave situación de paro que afecta a la región andaluza. Tan testimonial. comportamiento, protagonizado por la población civil y fuera del control de las centrales sindicales establecidas a nivel estatal y con representación parlamentaria, obti.ene del Gobierno la consideración del Plan de Urgencia para Andalucía, negociado entre las fuerzas políticas representadas en la Junta de Andalucía y que supone un urgente compendio de planes de inversiones económicas para el desarrollo regional de la zona.

Una vez evitado el vacío informativo del verano, la actualidad se centra en la última remodelación gubernamental y, pese a que el paro sigue incrementándose, Marinaleda se archiva en las colecciones de las hemerotecas.

Olarra: huelga de hambre "a muerte"

Salvando casos aislados que transcurren sin reflejo en la opinión pública, unas veces por su escasa fuerza sindical y otras po el limitado y hasta inexistente valor político de quienes figuran detrás de los intereses obreros en juego, se llega hastafecha reciente en que salta el tema Olarra, empresa vasca de enorme significación en el problema político de aquella región.Tradicionalmente, Olarra, empresa vasca del metal que da ocupación a más de 2.000 trabajadores, ha venido manteniendo un cierto nivel paternalista en sus relaciones laborales.

Medios sindicales creen ver en el reciente conflicto por el que atraviesa Olarra, SA, un acertado montaje del emprendedor empresario vasco, de reconocida ascendencia en el patronato de aquella nacionalidad.

De acuerdo con los referidos medios, Luis Olarra vería con cierto agrado la conflictividad actual de su empresa, por cuanto constituye un medio de presión que podría retrasar el, al parecer, próximo levantamiento de la suspensión de pagos de Olarra, SA, situación en la que se encuentra la empresa desde el verano de 1979.

En esta línea, un pretexto que puede parecer nimio, cual es el retraso en la revisión salarial acordada por convenio en caso de superarse el límite contenido en dicho pacto para el índice del coste de la vida, ha concluido con el despido de veintinueve trabajadores, una vez que parte de la plantilla «secuestrara» a dos de sus hijas y un grupo de administrativos en la sede central de la empresa.

Paralelamente a la violencia obrera, un comportamiento patronal susceptible de diversas consideraciones aparece como telón de fondo al conflicto, contra el que se muestra solidario una importante representación del patronato de este país.

Sin embargo, la mayor trascendencia del conflicto se centra en el encierro que mantienen en la catedral de Bilbao -el movimiento obrero vuelve a sus orígenes-, en huelga de hambre «hasta la muerte», los despedidos de Olarra, SA.

Asimismo, el comité de em presa, en el que es mayoritaria la corriente del Movimiento Comunista dentro de Comisiones Obreras., se opone a las negocia ciones que con la dirección- de Olarra, SA, han entablado CC OO y UGT (es decir, las cen trales con implantación nacional), además de ELA-STV, que si bien es un sindicato de nacionalidad, cuenta tan sólo con un miembro en el referido comité.

Por otra parte, el movimiento obrero, una vez desbordado el cauce natural de los sindicatos, por los que desde el franquismo se luchó con firmeza, busca apoyos en ámbitos políticos al margen del marco estrictamente laboral. El comité de empresa de Olarra, SA, está presentando mociones ante los ayuntamientos de Vizcaya. para pedir la solidaridad con los trabajadores de la empresa, así como la declaración de «persona no grata» a Luis Olarra.

Crimidesa: sin novedad en la mina

En otro ámbito geográfico, en el límite entre la tradicionalmente pacífica Castilla y el conflictivo Norte, el pueblo burgalés de Cerezo de Riotirón se mantiene en vilo desde hace seis meses, a causa de la huelga más larga de la historia reciente de este país, mantenida por la reducida plantilla de la mina Crimidesa, dedicada a la explotación del sulfato sódico.El punto de mayor tensión en esta larga huelga se registró el pasado martes, día en el que un grupo de trabajadores retuvo en la mina a dos directivos y otros cargos ejecutivos de la empresa. La liberación de los rehenes se produjo,en la madrugada del miércoles, una vez que en presencia del gobernador civil los huelguistas y la representación de la empresa -a la que, desde el consejo de administración de la sociedad, se le había despojado de poder ejecutivo para evitar la firma de cualquier pacto bajo la coacción que suponía el secuestro- llegaran a un acuerdo que, en opinión de los trabajadores, no ha respetado la dirección de Crimidesa.

Esta sociedad, que durante los largos años del anterior régimen firmaba en el vertical convenios colectivos que posibilitaban la realización por parte de los trabajadores de hasta mil horas extraordinarias al año, lo que sin duda supuso un importante crecimiento del capítulo de beneficios, hubo de proceder a la reducción progresiva de esta modalidad de trabajo en los sucesivos convenios colectivos suscritos desde el final de la dictadura y el consiguiente reconocimiento de los sindicatos de clase.

Con todo, el entendimiento entre empresa y trabajadores, organizados en su casi totalidad en las filas de CC OO, se ha ido distanciando del paternalismo que caracterizaba -como en cualquier otra empresa de corte franquista- las relaciones laborales en la época inmediatamente anterior.

Estas diferencias han culminado en la primera huelga que conoce esta empresa, con la que el pueblo se siente solidario, dada la dependencia del mismo de la mina, y los incidentes registrados el martes pasado.

No obstante, el final feliz del secuestro al que los trabajadores recurrieron -otro caso más- como apoyatura a la lucha por sus reivindicaciones, la tensión no ha desaparecido del pueblo, pese a las primeras impresiones de distensión que siguieron al compromiso que posibilitó la liberación de los rehenes.

La propiedad de Crimidesa considera que los pactos establecidos por los directivos secuestrados -readmisión de los despedidos, negociación del convenio y ausencia de represalias- carecen de valor legal, por lo que la negociación prevista para ayer, según informa desde Burgos Blanca Gefaell, no fue posible por la incomparecencia de la empresa.

Como última novedad en el conflicto, el secretario general de CC OO de Burgos y asesor de los huelguistas, Francisco Ubierna, anuncia el inicio de una huelga de hambre si hoy no acude la empresa a negociar. Por medio del conflicto, el gobernador civil de la provincia busca en Madrid, entre Trabajo y la empresa, una fórmula de acuerdo, en evitación de nuevos incidentes de orden público.

Como en los viejos y recientes tiempos, las relaciones laborales presentan un componente de orden público que, con grave riesgo para las partes afectadas, desplaza o confunde el interés social.