Directivos de Crimidesa, retenidos en la mina por un grupo de trabajadores
Diez trabajadores de la mina de Crimidesa, en Cerezo de Río Tirón, en Burgos, entre los que se encuentran el director de la empresa, Javier Plantalamor y otros dos directivos, José Miguel e Ignacio Contreras, permanecían retenidos anoche en las oficinas de la mina por unos cincuenta trabajadores, que pretenden con esta medida presionar a los administradores de la compañía para que vuelvan a iniciarse las negociaciones del convenio y que se readmita a los 33 trabajadores despedidos a lo largo de los doscientos días que dura el conflicto. La huelga fue planteada en su origen para conseguir una serie de reivindicaciones laborales.
Los sucesos se iniciaron en la mañana de ayer, cuando mujeres del pueblo vieron que ocho camiones intentaban sacar el producto almacenado en las instalaciones de la mina, unas 4.000 toneladas de sulfato sódico, que se habían producido en las tareas de mantenimiento durante la huelga. Las mujeres reaccionaron formando barricadas y avisando a los vecinos, quienes, a su vez, reunieron en las puertas de la fábrica a los hombres que estaban trabajando en las faenas de la vendimia.Un coche, en el que iba el jefe de Minas de la Delegación de Industria y que se encontraba realizando tareas de inspección, fue volcado con él y un ayudante técnico dentro, sin que, por fortuna, sufriesen daño alguno.
A continuación, más de cuarenta huelguistas entraron en las oficinas, donde se encontraban directivos, técnicos y administrativos de la mina, que desde hace una semana realizan las tareas de mantenimiento, producción y conservación de las instalaciones, impidiéndoles la salida y, posteriormente, cortando la comunicación.
Al apreciar, sobre el mediodía, la llegada de unos seis jeeps de la Guardia Civil, la gente del pueblo hizo sonar las campanas de la iglesia como aviso.
Fuerzas de este cuerpo montaron guardia alrededor de las instalaciones de la mina.
Un redactor de EL PAIS intentó penetrar en las mencionadas instalaciones, pero esta acción fue impedida por la Guardia Civil. El motivo alegado fue que las personas que se encontraban en el interior estaban en una situación de ilegalidad, y, por tanto, estaba prohibido el paso.
Puestos en contacto telefónicamente con las oficinas de la mina, Javier Plantalamor declaró que si los obreros les dejaban salir pacíficamente no habría ninguna represalia por el hecho y que, aunque la actuación de los trabajadores suponía una ilegalidad grave, no estaba en el ánimo de la dirección de la empresa cerrar ésta, sino tratar por todos los medios de mantener el funcionamiento de la mina, a pesar de los graves perjuicios que la actitud de huelga mantenida por un período tan dilatado de tiempo habían causado a la empresa. «En esta situación es imposible negociar», manifestó el director general instantes antes de que la comunicación telefónica fuese interrumpida y tomase la palabra uno de los trabajadores para manifestar que el problema no eran las represalias y que la acción había sido llevada a cabo para forzar una negociación sobre la base de que no existiese ningún despido.
En una reunión urgente del consejo de administración de la sociedad, celebrada en la tarde de ayer en Madrid, los responsables de Crimidesa decidieron retirar los poderes a los señores Plantalamor y Contreras para evitar que pudiesen firmar algún compromiso bajo coacción.
El gobernador civil de la provincia llegó a última hora de la tarde de ayer a las instalaciones de la mina, a las que accedió en compañía del secretario provincial de CC OO, Francisco Ubierna, y del alcalde del pueblo, tras vencer la resistencia que le presentaron las personas concentradas en las inmediaciones de la mina y la de los trabajadores que ocupaban el interior, quienes en un primer momento se negaron a franquearle la entrada. Esta situación se mantenía al cierre de esta edición. El partido comunista ha cursado un comunicado a los medios de información, en el que se consideran «improcedentes y desacertados» los métodos empleados por los trabajadores de Crimidesa para conseguir sus reivindicaciones.
El conflicto de Crimidesa se inició en el mes de abril, cuando los trabajadores iniciaron una huelga indefinida como medio de presión para que les fueran atendidas reivindicaciones de tipo laboral, tras haberse llegado a un acuerdo en materia económica.
No obstante, las conversaciones se rompieron y se inició la huelga, reclamando la empresa la necesidad de que los trabajos mínimos de mantenimiento fueran atendidos por los trabajadores, a lo que éstos se negaron. Esta reacción produjo el despido de quince obreros, que presentan su denuncía en la Magistratura de Trabajo fuera de plazo, por lo que no son consideradas sus reclamaciones. Se iniciaron entonces los trabajos de mantenimiento, que son nuevamente interrumpidos el día 6 de junio, lo, que vuelve a producir otros quince despidos, que son declarados procedentes, siempre según versión de la empresa. Durante una fiesta en el pueblo se pronunciaron por parte de dos trabajadores palabras ofensivas contra el director, lo que motivó una querella en la que aquéllos fueron considerados culpables.
En la actualidad, de la plantilla inicial de 115 trabajadores quedan sólo 82, y la empresa únicamente se niega a que vuelvan a reingresar los dos que profirieron las ofensas contra Plantalamor.
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