Modificado el proyecto de ley de Autonomía Universitaria

El proyecto de ley de Autonomía Universitaria (LAU) está siendo modificado ampliamente por la ponencia del Congreso de los Diputados, que puede tenerlo listo para debate la semana próxima. Fuentes del Grupo Socialista mánifestaron ayer que se han realizado cambios «importantísimos» en el proyecto, relativos, entre otros, al profesorado, con la supresión de oposiciones y la organización de gobierno de las universidades.Según las fuentes citadas, la LAU establecerá la igualdad total de derechos académicos para todos los profesores, de modo que cualquiera de ellos podrá, por ejemplo, aspirar al cargo de rector. Asimismo, se suprimen las oposiciones como medio de acceso a los cuerpos docentes universitarios.

En virtud de esta modificación, los profesores no numerarios -pe- unos requisitos de habilitación para impartir la docencia, y las universidades quedarán en libertad para contratar a su profesorado, únicamente con el requisito de la habilitación. Otro cambio importante es la norma según la cual los profesores no numerarios + penenes- adquirirán condición de permanentes cuando su contrato sea renovado dos veces.

Asimismo, la ponencia ha aceptado prácticamente todo el sistema de organización del gobierno universitario propuesto por los socialistas. Se suprime el Consejo Social, que será sustimido por un Consejo Universitario, donde estarán representadas la universidad y la sociedad. El 60% de los miembros del claustro serán profesores, no necesariamente doctores.

Otra modificación importante es la supresión del principio de que las tasas académicas tenderán a cubrir los costes reales de la enseñanza, que era uno de los puntos más contestados por los estudiantes. También se elimina el párrafo que dice que los estudiantes tienen derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, aunque se mantiene la no discriminación por razón de lengua.

En el sistema de acceso a la universidad se suprimen las pruebas de selectividad como método generalizado, si bien se mantiene que el Consejo General de Universidades podrá establecer criterios de selección del alumnado. En cuanto al numerus clausus en los centros cuyas dotaciones no les permitan admitir más alumnos de los que puedan atender, no serán los centros quienes decidan, sino el Consejo. General, previo informe del Consejo Universitario.

Las universidades creadas por las comunidades autónomas podrán ser financiadas conjuntamente por el Estado y la comunidad, y no necesariamente sólo por ésta. En cuanto al régimen económico, se establece un presupuesto único de las universidades, lo que potenciará su autonomía en materia de contratación de profesores. Se fijan condiciones para la gratuidad de la enseñanza y la dotación de becas.

Según las fuentes socialistas antes citadas, se mantiene el desacuerdo en el tema de las universidades privadas y públicas. En este punto, el PSOE no admite la creación de centros privados con nombre de universidad si no hay un reconocimiento oficial por ley, previo informe de la universidad pública. Tampoco admite la concesión de subvenciones mientras no estén plenamente satisfechas las necesidades de las universidades públicas.