Cinco municipios de La Palma se oponen a una explotación privada de agua

Cinco ayuntamientos de la isla de La Palma, colindantes con la Caldera de Taburiente, declarada parque nacional, se han opuesto a la captación de aguas subterráneas que se viene realizando en la misma, al considerarla una amenaza para la conservación de sus manantiales naturales de utilidad pública y un peligro para la vegetación de la zona.

Los ayuntamientos de Garacia, Barlovento, Punta Gorda, Tijarafe y San Andrés y Sauces han aprobado en sus últimos plenos una moción común, en la que solicitan al Ayuntamiento de El Paso, término municipal al que pertenece el citado parque nacional, paralice tales obras de alumbramiento de aguas subterráneas mediante excavación de galerías, ya que sospechan que la empresa titular de esta explotación, Heredamiento de las Haciendas de Arjual y Tazacorte, no cuenta con la necesaria licencia municipal para el movimiento de tierras ni con la aprobación del consejo de la dirección del Icona.Los mismos ayuntamientos señalan, además, que estas extracciones de agua en La Caldera de Taburiente ponen en peligro sus caudales respectivos. «Intentamos que las galerías de la caldera sean clausuradas y que la política en el futuro no sea perforar la isla, sino construir embalses para aprovechar las aguas que, en su mayor parte, se pierden en el mar, sin ser destinadas a la agricultura», declaró el alcalde de Garacia, Juan Cristo Perdomo.

El Ayuntamiento de El Paso había mantenido un largo pleito, hace años, con la comunidad explotadora sobre la propiedad pública de estas aguas y sus terrenos. A pesar de que la comunidad vio reconocidos sus derechos de explotación privada, en el inventario de bienes del ayuntamiento continúan figurando como «bienes de propio» (de carácter público). Ahora, los cinco ayuntamientos señalados reclaman de la Administración que «se adopten las medidas necesarias para evitar el deterioro, desfiguración y destrucción del parque nacional de La Caldera de Taburiente y se proceda a la defensa de carácter público, hoy negado por particulares, de tales aguas».

Los primeros repartos de los derechos de explotación del agua en esta zona de La Palma se remontan al siglo XVI, y su principal finalidad entonces era el abasto público y el cultivo de caña dulce, según el historiador Leopoldo de la Rosa, especialista en el tema. Con el paso del tiempo, otros intereses han entrado en juego, dando lugar a la privatización del agua, como ha ocurrido en el resto del archipiélago, y los ayuntamientos, que han ido vendiendo, en gran parte, sus derechos, ahora se ven obligados a contratar el agua para su uso.