Crédito de tres millones a la AFE

La Asociación de Futbolistas Españoles consiguió ayer la tramitación de un crédito por valor de tres millones de pesetas, con lo que confía. estabilizar su situación económica. Ayer se enviaron ya a los representantes sindicales de los jugadores que militan en los 78 clubes de Primera, Segunda y Segunda B las cartas con la documentación precisa para que, posteriormente, los futbolistas voten si prefieren acudir directamente a los tribunales o realizar primero una convocatoria de huelga.La AFE ha pasado por momentos apurados de liquidez. La situación puede llegar a estabilizarse con la concesión de un crédito de tres millones, que ayer gestionaron Quino, Esteo y Del Bosque. Al mismo tiempo, se espera ingresar en breve plazo otros dos millones más en conceptos de atrasos publicitarios y de cuotas.

Por lo pronto, el escrito elaborado por los asesores jurídicos Cabrera Bazán y José María Guerrero se a los enlaces sindicales de la asociación en los clubes españoles. De las tres opciones que en un principio se plantearon como medidas a votar -acudir a los tribunales, ir a la huelga y una fórmula combinada-, en la práctica quedaron reducidas a dos. Los futbolistas votarán si prefieren acudir sólo al Tribunal Central de Trabajo, a través de la Magistratura, o si adoptan una actitud de huelga como medida previa.

Al margen de la normativa sub-20, los planteamientos reivindicativos de los jugadores hacen mención también de la posibilidad de participación en los ingresos de las quinielas y de la explotación publicitaria.

En la carta se explica que el planteamiento de un conflicto colectivo se debería a la interpretación de las normas constitucionales y del Estatuto de los Trabajadores, que se oponen a la discriminación por razón de edad -artículo 14 de la Constitución y 17 del Estatuto-. La tramitación de este conflicto sería ante la Dirección General de Trabajo, y posteriormente se trasladaría a la Magistratura. Dictada la sentencia, se puede interponer recurso especial de suplicación, Todo ello es remitido al Tribunal Central de Trabajo, que dictará sentencia definitiva.