El PSOE pide sistema proporcional para elegir a los procuradores castellano-leoneses

El PSOE de Castilla y León hará público en los próximos días su proyecto de Estatuto autonómico para la región, cuyo texto definitivo fue aprobado recientemente por los parlamentarios y la ejecutiva regional del partido. El proyecto socialista se anticipa en varias semanas al de UCD, que en estos momentos está reelaborando el borrador presentado el 15 de septiembre por su ponencia técnica, tras haber sido sometido a las ejecutivas provinciales. Las primeras negociaciones entre ambos partidos para la redacción final del Estatuto podrían tener lugar a comienzos del próximo mes.El Estatuto del PSOE, al que ha tenido acceso EL PAIS, propugna la inviolabilidad de los futuros diputados regionales, que serán elegidos por sufragio universal y directo. La representación de cada provincia en las Cortes de Castilla y León seguirá criterios proporcionales, con un procurador por cada 30.000 habitantes y un mínimo de cinco por provincias, en legislaturas de cuatro años. En cuanto a la designación del presidente del consejo autonómico y de la audiencia regional, se señala que el primero podrá ser elegido por mayoría simple de los diputados, en tanto que el nombramiento del segundo, junto con el de los demás magistrados del tribunal, se realizará a través de los mecanismos fijados en la ley orgánica del Poder Judicial.

El Estatuto prevé el acceso a la autonomía por la vía del artículo 143, y recoge las competencias fijadas en los artículos 148, 149 y 150. En cuanto a la futura hacienda regional, se incluye la revisión cada cinco años de las transferencias del Estado; la «tutela financiera de los ayuntamientos y diputaciones», incluso en lo relativo a subvenciones oficiales; la posibilidad de emitir deuda pública y recabar impuestos; «facultades de intervención y control de las cajas de ahorro» para propiciar la regionalización de las inversiones, y la participación de la comunidad autónoma en la elaboración de los planes económicos del Estado y en la planificación del propio territorio. Igualmente, la comunidad autónoma «coordinará» las actividades de las diputaciones y recibirá de la Hacienda central competencias para recaudar directamente los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y tasas sobre el juego, entre otros.

En una disposición transitoria se prevé también la celebración de las primeras elecciones regionales en un plazo no superior a 120 días después de la aprobación del Estatuto y la formación de una comisión mixta Gobierno-comunidad autónoma.