El primer ministro de Canadá presenta un nuevo proyecto constitucional
El primer ministro de Canadá, Pierre Elliot Trudeau, hizo público ayer el proyecto de nueva constitución elaborado por su Gobierno, que el lunes será presentado ante el Parlamento, donde será sometido a votación. Este proyecto puede encontrar una fuerte oposición por parte de los Gobiernos provinciales.El proyecto es obra unilateral del Gobierno central, tras el fracaso de la Conferencia Constitucional -celebrada el pasado mes de julio-, convocada por Trudeau y que el primer ministro disolvió ante el callejón sin salida a que habían llegado las discusiones.
La nueva constitución elaborada por el Gobierno prevé la «nacionalización» de la actual carta, sancionada por el «Acta de América del Norte británica», aprobada en 1867 en el Parlamento de Londres. Mediante este acta, las cámaras legislativas británicas se resérvan el poder de modificar el texto.
En tal sentido, Trudeau ha enviado a dos de sus ministros a Londres para que expongan allí el plan de modificación constitucional y que el Parlamento británico acepte la modificación del acta de 1867.
El proyecto de nueva constitución establece una carta de derechos y libertades y garantiza la posibilidad para todos los canadienses de educar a sus hijos en la lengua oficial de origen -inglés o francés- Sin embargo, para no indisponer a la provincia de Quebec, el proyecto deja a las provincias el derecho a imponer a los emigrantes la lengua utilizada en la educación.
El nuevo texto prevé también la continuación del proceso de revisión constitucional intergubernamental. Durante los primeros años de entrada en vigor de la nueva constitución, la regla actual de unanimidad entre las provincias y el Gobierno federal permanecerá en vigor. A partir de este plazo se recurrirá a una «mayoría social» para aprobar las enmiendas: Gobierno federal, Ontario, Quebec, más dos provincias marítimas que representen la mitad de la población regional y dos provincias del oeste.
La principal oposición de las provincias a esta reforma constitucional se refiere a la carta de derechos y libertades, así como al derecho de los canadienses a un puesto de trabajo, por considerar que son los Gobiernos provinciales quienes mejor pueden aplicar estos derechos y no el Gobierno federal.
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