El cardenal primado advierte a los católicos que no pueden inhibirse frente al divorcio

En vísperas del comienzo de los trabajos parlamentarios en torno al divorcio, el cardenal primado de España, Marcelo González, hizo pública ayer una carta pastoral en la que se pronuncia contra la disolubilidad del matrimonio, afirma que el Estado no está legitimado para introducir el divorcio en la legislación, y advierte gravemente a los católicos de que no pueden inhibirse ni consentir en dicho tema, aduciendo en favor de sus tesis las de Juan Pablo II. La pastoral termina con esta admonición: «Piensen que algún día han de dar cuenta a Dios de todos sus actos».

El cardenal primado motiva su intervención en el hecho de haber sido ya enviado a las Cortes un proyecto de ley sobre el matrimonio y sus causas de disolución, y en que, una vez más, la conciencia de muchos católicos «se ve turbada por la confusión reinante». Como factores de esta confusión, el primado señala:- La apelación continua a la modernidad, con la que se dice que es incompatible el mantenimiento del matrimonio indisoluble.

- El «ataque despiadado de tantos órganos de opinión pública a quienes defienden con dignidad sus convicciones opuestas al divorcio vincular».

- La presentación y defensa de los proyectos de ley divorcistas «por parte de hombres públicos bien conocidos por su profesión de fe católica, algunos de los cuales han dicho que contaban con la aprobación de la jerarquía».

- El hecho de que en el interior de la Iglesia se haya producido «una inhibición o silencio desconcertante por parte de quienes tienen el deber de predicar y orientar las conciencias de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, o bien una actitud reticente, y aun hostil, por parte de eclesiásticos de diversa dignidad y representación, con clara disonancia con lo que la Iglesia ha enseñado siempre y el Papa actual- Juan Pablo II, sigue enseñan¿, con admirable fidelidad y empeño apostólico».

Tras insistir en que viene observándose en el interior de la Iglesia española «una tendencia a olvidar o silenciar estas enseñanzas, sustituyéndolas por ideas, hipótesis y dudas», Marcelo González afirma que «omitir esas enseñanzas es manipulación; tergiversarlas es infidelidad».

Se pregunta el cardenal si pueden silenciarse los errores doctrinales «porque estén apoyados en mayorías sociológicas y en posturas democráticas» y si los legisladores pueden sostener que trabajan para el bien común «legislando contra lo que pide la ley natural». Después afirma que una compasión mal entendida frente a los casos de matrimonios desavenidos «origina catástrofes incalculables posteriores, de las que habría que hacer responsables, en el grado que les corresponda, a los que abrieron el primer portillo ».

Una de las frases más funestas, a juicio del primado, es la de que «los católicos no tienen que obligar a los demás a compartir sus pensamientos en esta materia, dado que vivimos en una sociedad pluralista». Se pregunta el cardenal qué van a imponer los católicos españoles, si no se les ha consultado ni se les consultará, para decir a continuación que es contrario a un referéndum sobre el divorcio, ya que un debate público sobre el tema no sería honesto.

llicitud de toda ley de divorcio

Añade que el magisterio de la Iglesia puede proclamar la ilicitud e invalidez de toda ley de divorcio, no sólo ante sus propios fieles, «sino ante la propia sociedad», y afirma que, ante lagravedad e irreversibilidad del paso legislativo que va a dar el Estado español al admitir el principio de disolubilidad de todo matrimonio, «el silencio anuente, o la tolerancia pasiva, o la mera apariencia de aceptación por parte de la Iglesia, y mucho más las palabras que pueden servir de aliento a tal legislación, arrojarían una oscura sombra de duda sobre la credibilidad de todo su magisterio en el orden sociopolítico y gravaría con enorme responsabilidad su actuación».

Agrega a continuación que la autoridad del Estado no puede introducir el divorcio en la legislación civil, puesto que ha de legislar atendiendo al bien común, y el divorcio es siempre «el mal mayor». El documento concluye diciendo: «Quiera Dios que los legisladores españoles se den cuenta de la gravedad del problema, nunca minimizable por el hecho de que el divorcio esté introducido en tantos países. Piensen que algún día han de dar cuenta a Dios de todos sus actos».