Inspector de policía, en huelga de hambre

El secretario de organización de la Unión Sindical de Policías (USP) de Barcelona, inspector de primera clase José Luis Fernández Sastre, trasladado a la comisaría del puesto fronterizo de Dancharinea en virtud de la resolución de un expediente disciplinario que éste considera injusto e ilegal, inició a las dos de la tarde de ayer una huelga de hambre indefinida, «para protestar por el mal trato y persecución constante de que viene siendo objeto, por parte de la Dirección de la Seguridad del Estado, desde que comenzase su actividad sindical», según se indica en una nota de la USP de Barcelona hecha pública ayer. A su vez, el comité ejecutivo nacional de la USP afirmó ayer que apoya totalmente la acción emprendida por el inspector Fernández Sastre.El comunicado de la USP de Barcelona señala que José Luis Fernández Sastre ha comenzado una huelga de hambre como medida de protesta «por la burda patraña que representa este sexto expediente disciplinario incoado por la Dirección de la Seguridad del Estado en menos de dos años -todos los anteriores están sobreseidos- para dar unos visos de legalidad a este traslado, cuando, en realidad, no es sino una brutal represión en castigo por las acciones sindicales realizadas en Barcelona por este secretario de organización de la USP».

El inspector Fernández Sastre manifestó ayer a ELPAIS que había sido trasladado a Dancharinea, entre otras razones, para evitar que continuara investigando en tomo a las dietas que cobran algunos altos funcionarios de la policía. «Estamos tratando de reunir pruebas», indicó el inspector Fernández, «para demostrar que algunos altos funcionarios cobran 45 dietas al mes o que otros están cobrando dietas cuando están de permiso, e incluso en días que tienen documentos firmados en sus despachos y, por tanto, no se han podido desplazar a ninguna parte. La Administración continúa tratando de machacarnos, como en la época más antigua, reprimiendo a los de dentro como se hacía antes con los de fuera».

El expediente, según informó la ejecutiva de la USP en Madrid, fue resuelto con dos sanciones (veinte días de haber y traslado) por faltas graves: poner en libertad a un supuesto piquete durante un conflicto por recogida de basuras y falsedad en comunicación de hechos en las diligencias trasladadas al juzgado. Según la USP, el propio juez ordenó, al conocer las diligencias, la libertad del presunto piquete.