Anesco acusa al Ministerio de Trabajo de extralimitación de sus competencias

Anesco ha anunciado su intención de utilizar todos los medios legales para dirigirse contra el Ministerio de Trabajo por lo que califica de extralimitación de sus competencias en relación con el convenio colectivo de estibadores portuarios publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, según informaron a EL PAÍS fuentes de la patronal. El citado convenio constituye, a juicio de Anesco, un pacto privado entre diversas empresas y dos organizaciones sindicales que no cumplen las condiciones que el Estatuto de los Trabajadores exige para la negociación y sustanciación de convenios.

El Boletín Oficial del Estado de ayer publicó el texto del convenio colectivo, de ámbito sectorial, de estibadores portuarios, suscrito, por una parte, por la Coordinadora de Estibadores y Comisiones Obreras, y por otra, por tres empresas, dos de ellas de Barcelona y una de Cádiz y Tarragona.El primer convenio de estibadores portuarios provocó una huelga en el sector que mantuvo paralizados los puertos españoles, al suscribrirse por parte de Anesco -que mueve el 80% del tonelaje bruto de los puertos- y la central UGT otro convenio al margen del propugnado por CC OO y la Coordinadora de Estibadores.

En la resolución del Ministerio de Trabajo publicada ayer se hace constar que no ha sido acreditado que el convenio haya sido suscrito por una representación mayoritaria de empresas, limitando, por tanto, su obligatoriedad a las empresas firmantes, «sin perjuicio de las adhesiones que puedan producirse». La advertencia, según han comentado fuentes de la patronal, entra en contradicción con el propio texto del convenio, que, en su artículo tercero, extiende su ámbito a «la totalidad de los puertos existentes en el Estado español, así como en los que en el futuro se creen o habiliten». Por otra parte, el artículo 1º especifica que afecta a las relaciones de trabajo que se originen entre «las empresas portuarias de la OTP y los trabajadores censados».

Las tres empresas firmantes del convenio representan, según han manifestado a EL PAÍS fuentes de Anesco, el 0,5% de las empresas censadas, y en todo caso no superan el 1% de las que, efectivamente, realizan trabajos en los puertos.

Esto supone, a juicio de Anesco, invalidar a las tres empresas firmantes como negociadoras de un convenio a tenor de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, que exige un 10% de representación, condición que, según la propia patronal, sólo cumple Anesco. «Sin embargo», han agregado las citadas fuentes, «Anesco no negoció el convenio al no aceptar la coordinadora y CC OO acordar previamente los criterios para la reestructuración de la OTP».

El hecho de que al citado convenio se haya adherido una larga lista de empresas que figuran como anexo al texto publicado ayer en el BOE, fue debido «a la presión intolerable que suponía una huelga como la que se produjo en el pasado mes de julio».

«Fl convenio posee», afirma Anesco, «vicio de nulidad, por lo que el Ministerio de Trabajo, más que publicarlo en el BOE debería haberlo remitido a la jurisdicción competente, a fin de subsanar las correspondientes anomalías. Sin embargo, ha preferido hacerlo utilizando un estilo y comportamientos jurídicos propios de la etapa política y legislativa finiquitada con la promulgación del Estatuto de los Trabajadores».

Respecto a la reforma de la OTP y a la creación de una comisión paritaria recogida en el texto del convenio, Anesco ha manifestado que resulta «curioso que en un convenio entre empresas y organizaciones obreras se comprometa a un organismo público, la OTP, a participar en una comisión destinada a efectuar un estudio y cuya previa audiencia, acuerdo y consenso resulta imprescindible para modificar la actual estructura de la OTP».