Suárez propone un programa de austeridad económica y de desarrollo constitucional

El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, pidió ayer la confianza del Congreso de los Diputados sobre una serie de medidas económicas cuyo objetivo prioritario es remediar la situación de desempleo y un programa de desarrollo constitucional que tiende a consolidar el Estado democrático y de las autonomías. Las primeras reacciones son la favorable de la Minoría Catalana y la contraria de Coalición Democrática. Los socialistas, por su parte, preparan una respuesta dura al presidente. Adolfo Suárez habló ante el Pleno del Congreso durante más de una hora, en un discurso que tuvo una parte expositiva inicial y una segunda, a la que vinculó la cuestión de confianza, en la que se detallan los propósitos más inmediatos del nuevo Gobierno. Entre ellas destaca el tratamiento de la crisis económica, mediante una política encaminada a crear puestos de trabajo a través de un sustancial aumento de la inversión pública y una política de austeridad, en la que se encuadra el aplazamiento de alguno de los gastos de defensa previstos legalmente.En cuanto a la construcción del Estado democrático y de las autonomías, Adolfo Suárez insistió en la voluntad gubernamental de «despejar cualquier duda» sobre un supuesto retroceso de las libertades. Proclamó «la voluntad del Gobierno de poner todos los me dios a su alcance para que el ejercicio de las libertades sea una realidad dotada de las garantías». Recordó asimismo que, aparte del desarrollo legislativo, la Constitución tiene fuerza inmediata de obligar.

En materia autonómica, aseguró que el Gobierno impulsará sin reserva la aplicación de los estatutos de autonomía vigentes mediante una política «de traspaso de servicios rigurosa y sostenida, que se extenderá, en lo que sea legal y materialmente posible, a los entes preautonómicos». Respecto a las restantes autonomías, el Gobierno reitera el principio de igualdad y de solidaridad interterritorial y el impulso de los estatutos pendientes, «de tal modo que puedan estar en vigor en 1982-1983». Reiteró la voluntad de que Galicia obtenga una autonomía análoga a la de las otras nacionalidades históricas. En relación a Andalucía expresó la intención de recurrir al artículo 144 de la Constitución, sobre la base de un Estatuto que contenga las instituciones y competencias de los estatutos vigentes.

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Editorial en página 10