UCD apoyará la desaparición de la diputación en la autonomía

UCD ha fijado el 1 de abril de 1983 como fecha de extinción de la Diputación de Oviedo, para evitar las duplicidades que se derivarían de la coexistencia de los organismos autonómicos y la corporación provincial en esta región de una sola provincia. Se trata de la principal renuncia de UCD, partido que tiene la mayoría en la diputación, mientras que en el consejo regional es mayoritaria la izquierda y viene a resolver las dudas existentes al respecto en las demás regiones uniprovinciales.Las enmiendas presentadas por UCD al texto aprobado por la izquierda en la asamblea asturiana, de mayoría de izquierda, revelan, por una parte, el deseo del partido del Gobierno de buscar un entendimiento con las demás fuerzas políticas, especialmente el PSOE, en el desarrollo del proceso autonómica, y por otra suponen un adelanto del modelo autonómico tipo que el Gobierno pretende aplicar a todas las regiones que sigan la vía del artículo 143 de la Constitución. En este sentido, UCD acepta la existencia de una asamblea legislativa, un consejo de Gobierno y un tribunal superior de Justicia.

Los puntos más conflictivos van a ser la fecha de las primeras elecciones al Parlamento regional, que UCD pretende hacer coincidir con las municipales y el sistema electoral. Este partido propugna la constitución hasta 1983 de una asamblea de 45 miembros, designados por los parlamentarios y diputados provinciales actuales, que comenzaría su función legislativa plena con la aprobación del Estatuto. Una vez constituido el Parlamento o junta general del principado se creará -en esto se encuentran de acuerdo PSOE y UCD- una comisión mixta integrada por representantes de la junta general y de la diputación para iniciar, mediante las oportunas transferencias, la refundición progresiva en la comunidad autónoma de las competencias, bienes y personal de la corporación provincial.

Los acuerdos de esta comisión serán sometidos a la aprobación de la junta general y de la diputación. El Estatuto será precisamente el argumento legal para proceder a las transferencias de la diputación a la comunidad autónoma, ya que no están previstas en el decreto-ley que concedió la preautonomía.