España y la presidencia de la Asamblea General

LA PRESIDENCIA de la Asamblea General de las Naciones Unidas es un puesto que desborda lo meramente honorífico y tiene, en cada sesión anual, una gran capacidad de poder. España podría optar a la presidencia este año, con grandes posibilidades de obtenerla para su ya veterano embajador en la ONU, Jaime de Piniés: había presentado su candidatura desde 1978 y ha realizado desde entonces gestiones diplomáticas para la captación de votos y apoyos; pero en el último momento -la Asamblea inicia sus trabajos el día 15, y el primero es la elección del presidente- vacila: existe la posibilidad de que retire su candidatura en favor de Alemania Occidental, que también se presenta. No se ha explicado suficientemente hasta ahora la posición oficial; o por qué ha cambiado en esta aspiración, si es que ha cambiado.A la presidencia de la Asamblea General pueden aspirar todos los países de la ONU. La Asamblea es, probablemente, el órgano más puro -dentro del inmenso movimiento de presiones que existen en las vísperas de cada una de sus sesiones anuales- de las Naciones Unidas. Trata de restablecer el derecho de las mayorías -un voto igual para cada, país- y las posibles injusticias que el derecho de veto en el Consejo de Seguridad derecho que en la Asamblea no existe- pueda engendrar. En teoría, todos los países representados pueden presentar su candidato; en la práctica, y precisamente por el peso de la presidencia, se ha llegado a un cierto acuerdo de reparto entre cinco grandes grupos de naciones, que dilucidan sus pretensiones por vía diplomática antes de las elecciones. Este año, la presidencia corresponde a Europa occidental, y dentro de este bloque las candidaturas presentadas son las de España y Alemania del Oeste. El acuerdo tácito sobre España se había realizado hace tiempo entre los países europeos. Era una forma de levantar el entredicho de la época franquista y de reconocer la novedad de la democracia.

Pero han sucedido cosas desde entonces. Una de ellas es la diferencia de puntos de vista entre España y la mayoría de los países europeos occidentales, principalmente Francia y la RFA, sobre la crisis internacional. Se sabe, porque así lo ha dicho el presidente del Gobierno y otras personalidades, que España apoya oficialmente, y con muy pocas reservas -si hay alguna-, la política de Estados Unidos, mientras el continente europeo expresa sus diferencias. Europa occidental no quiere entrar en una guerra fría con la Unión Soviética, y pretende, además, que el diálogo Norte-Sur se ahonde para resolver algunos problemas económicos, en lugar de tratar de resolverlos mediante presiones armadas. Inevitablemente, los dos problemas más espectaculares de esa crisis van a aparecer en la Asamblea General: el de la URSS y su agresión o intervención en Afganistán, y la cuestión de Irán y los rehenes, en la que no sólo va a aparecer la demanda de Estados Unidos contra la violación del Derecho internacional, sino las reclamaciones de Irán por lo que considera la intervención de Estados Unidos en su país durante años pasados. Es la diferencia entre el punto de vista europeo y el español lo que hace que Europa occidental no se sienta representada por España en la presidencia. Una presidencia que, por cuestiones de procedimiento que están a su alcance (como, por ejemplo, la decisión de declarar como de fondo una cuestión, por lo que se requiere la mayoría de dos tercios y se puede llegar a que dicha cuestión sea admitida o no en la agenda), tiene, insistamos, una importancia considerable.

Sería, efectivamente, poco agradable para España que el mismo bloque que justifica su candidatura votase en contra; aun cuando parece que pudiera ser elegida por los votos mayoritarios de otros países. Pero probablemente sería peor tener que tomar determinadas decisiones que aclarasen demasiado la posición española con respecto a varios problemas. Se juega hasta ahora con una confusión entre política y diplomacia. La política exige definiciones, la diplomacia requiere suavidad para aplicar esas definiciones. En España no es la diplomacia la que mantiene las posibilidades de interpretación, sino la política. Querer estar a bien con todos es una noble aspiración, pero muy difícil en un mundo en que las presiones para comprometerse son graves. Por todo esto, parece que la política española actual con respecto a la Asamblea de las Naciones Unidas parece inclinarse hacia la retirada de la candidatura, tal vez precedida por el nombramiento de Piniés como embajador en Moscú y la designación de otro como embajador en las Naciones Unidas; alguien que pudiera fácilmente declinar la presidencia en razón de su novedad. Hay, efectivamente, que conocer el reglamento y toda la amplia jurisprudencia; pero no sólo eso, sino también las sutilezas de interpretación; no sólo la sala de la Asamblea, sino los recovecos de sus pasillos.

España tenía este año una doble posibilidad: la de la presidencia de la Asamblea y los privilegios que le va a dar su condición de anfitrión de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea. Es muy posible que pierda la primera y desaproveche la segunda -a juzgar por los movimientos que se están realizando hasta ahora-. Todo ello forma parte de la inseguridad de gobierno por la que se atraviesa y por las conocidas circunstancias de indecisión interna en el ámbito del poder; que no podían venir en peor momento desde un punto de vista internacional.