Acordadas las modificaciones a las órdenes ministeriales de transporte

El Boletín Oficial del Estado publicará esta semana una orden ministerial de Transportes por la que, con carácter temporal, se modifica la publicada el pasado día 30 de junio, y que provocó un gran malestar entre fabricantes y vendedores de camiones por la anulación de todas las tarjetas de transporte para el próximo año y la inclusión en la contingentación de los vehículos industriales comprendidos entre dos y seis toneladas, hasta ahora nunca afectados por la medida de Transportes.

Según ha podido saber EL PAÍS en fuentes próximas a la Administración, la modificación de la anterior orden ministerial -que, pese a todo, y en un intento de salvar la cara del Ministerio, seguirá en vigor, mientras la modificación será de carácter temporal-, en cuanto a la contingentación de las tarjetas, será como sigue: Para los vehículos de más de seis toneladas se concederán setecientas tarjetas de carácter nacional, otras tantas comarcales y ochocientas para tractocamiones. Más o menos, las que habrían correspondido a los próximos seis meses -en la concesión de tarjetas de transportes el Ministerio aplica las anualidades del 1 de julio al 30 de junio-, pero que, en la orden ministerial del pasado 30 de junio, habían quedado anuladas.Por lo que se refiere a los vehículos industriales comprendidos entre dos y seis toneladas -hasta ahora nunca afectados por la contingentación, que quedan al margen de la misma en todos los países del mundo-, las licencias de carácter nacional permanecerán anuladas -lo que afectará a unas 180 tarjetas, aproximadamente-, mientras que las locales y comarcales quedarán libres de la contingentación.

Al margen de todas estas tarjetas, se concederán también 175 más destinadas a autobuses.

Por otra parte, las presiones de fabricantes y distribuidores ante la Administración, como reacción a la orden ministerial de Transportes del pasado 30 de junio, ha provocado la creación de una comisión interministerial, en la que estarán presentes los Ministerios de Transportes, Industria, Interior, Comercio y Economía -este último presidiendo la comisión-, y que representan a todas las partes afectadas por el problema del transporte. Esta comisión, que en cierta forma viene a anular la que inicialmente se pretendia crear en el seno del Ministerio de Transportes y con la única participación de los transportistas, tendrá su primera reunión en los primeros días del próximo rries de septiembre, y se espera que de ella salga la reordenación del conflictivo sector.

Finalmente, los fabricantes y distribuidores, que se han hecho oír con fuerza desde la salida de la orden ministerial, parecen haber calmado sus ánimos con estas modificaciones que ha podido conocer EL PAÍS, aunque permanecen a la espera del resultado de las reuniones de la comisión interministerial. Para esta parte del sector, las nuevas imposiciones son sólo un parche, de carácter temporal, que no resuel ve del todo el gravísimo problema que -según ellos- se les puede plantear, aunque le aleja durante algunos meses. Para los fabricantes y distribuidores, el hecho de que el Ministerio de Transportes haya utilizado datos manifiestamente incorrectos, con el fin de minimizar los efectos negativos de la orden ministerial en cuestión, es algo muy grave en sí mismo, más aún por lo que puediera representar.