UCD acusó al PSOE de seguir una política de anticlericalismo radical

El grupo de diputados provinciales de UCD acusó ayer al PSOE de practicar una política anticlericalista, en línea con los principios del partido en 1918, 1931 y 1934, que preconizaban la confiscación de los bienes del clero y la supresión dejas órdenes religiosas. La acusación vino motivada por la rescisión del convenio entre la diputación y la Congregación Salesiana, que durante 32 años ha dirigido el colegio San Fernando, propiedad de la primera. PSOE y PCE lamentaron el intento ucedista de presentar un simple asunto administrativo como el reflejo de una supuesta política de enfrentamiento con la Iglesia.

Hasta ayer, el centro estaba en manos de la Congregación Salesiana, no sólo en el aspecto de la enseñanza, sino incluso en cuanto a la elección del ideario escolar y los métodos de trabajo con el alumnado. La diputación entabló conversaciones con los religiosos, dirigidas a recuperar la dirección del centro y asegurar así el pluralismo ideológico que establece la Constitución. A los 34 religiosos que imparten las enseñanzas se les ofreció continuar en el centro como profesores sujetos a contrato laboral, lo que no fue admitido por la congregación.En base a estos hechos, el diputado de UCD Vicente Pascual, arropado por Enrique Castellanos, acusó a la izquierda de procurar la expulsión de una orden religiosa, aunque con nuevos métodos, denominados como de guante blanco. César Cimadevilla respondió afirmando que el PSOE no es un partido inmovilista y que su postura anticlerical de hace tantos años estaba motivada por una situación política distinta, como era el apoyo que la Iglesia como institución ofrecía a los sectores más reaccionarios de la oligarquía española. Tanto la Iglesia como los partidos de izquierda han cambiado sus planteamientos, y ahora lo único que se defiende es el pluralismo ideológico en los centros escolares, tarea que corresponde a la diputación, como propietaria del centro, y representante de los ciudadanos madrileños.

José Borrell, en otro punto del pleno, pidió la aprobación al pliego de condiciones para el arrendamiento de un sistema de informática que servirá a la diputación y a los pueblos que lo requieran. Para dar una idea exacta de la importancia del tema, explicó que Fuenlabrada, primera localidad que ya ha pedido beneficiarse del servicio, conseguirá aumentar su recaudación de impuestos en unos ochenta millones anuales, con una inversión inicial y única de unos catorce, ya que al mecanizar la información podrá controlar y pasar al cobro recibos que ahora no se exigen.

En el turno de mociones de urgencia, UCD obligó a la retirada de una propuesta del presidente, Carlos Revilla, en el sentido de recibir poderes del pleno para formalizar el alquiler de un local que albergaría diversos departamentos de la diputación que no pueden funcionar al ciento por ciento por falta de espacio. El señor Castellanos adujo que aún no había consignación presupuestaria concreta para pagar el alquiler y faltaba información previa y detallada del proyecto. Aunque la izquierda expuso que en el momento de firmar el con trato ese trámite estaría resuelto y y que lo que pedían era la buena voluntad de UCD para dar la máxima urgencia al tema y poder aprovechar el mes de agosto para ir acondicionando el local, UCD mantuvo su postura, y la moción fue retirada para un pleno posterior.